méxico | 27 de Abril de 2019

De acuerdo con cifras oficiales, desde 2015 a marzo de 2019 han sido asesinados 4 mil 299 menores de edad. Foto Margarito Martínez

Por

Por 

Fernando Camacho Servín / La Jornada
Ciudad de México, 27 de abril.- El gobierno de Andrés Manuel López Obrador está siguiendo la misma estrategia de militarización de la seguridad pública aplicada desde hace al menos dos sexenios, lo que ha provocado la muerte violenta de más de 4 mil niños y adolescentes en los pasados cuatro años, advirtió la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim). 

Juan Martín Pérez García, secretario ejecutivo de dicho organismo, indicó que la mencionada estrategia –que se ha adoptado con más fuerza desde el gobierno de Felipe Calderón– parece ser decidida y aplicada por el Ejército y no por las autoridades civiles, y enfatizó que, ante la ausencia del Estado en diversas regiones del país, la delincuencia organizada ha ocupado ese hueco. 

Al presentar un informe elaborado por la Redim, el especialista indicó que, de acuerdo con cifras oficiales, desde 2015 a marzo de 2019 han sido asesinados 4 mil 299 menores de edad, que representan cerca de 4 por ciento del total de víctimas de homicidio doloso. 

En ese periodo, la entidad que acumula el mayor número de niños asesinados es Chihuahua, con 507. Sin embargo, en un balance general, el estado de México fue la entidad más violenta para menores de edad en 17 meses, seguido de Guerrero y Guanajuato. 

En el primer trimestre de 2019, añadió Pérez García, se contabilizaron 285 homicidios dolosos contra la población de cero a 17 años, lo cual equivale a un promedio de tres niños y adolescentes diarios. 

En lo que se refiere al feminicidio, los mismos datos indican que de 2015 a lo que va de 2019 ha habido 2 mil 987 casos, de los cuales 284 son contra niñas y adolescentes, es decir, uno de cada 10. 

Asimismo, en los años recientes se registró una notable disminución en la incidencia de tráfico de menores, pues 80 por ciento de casos se dieron en 2016 y 2017, pero los episodios que aún existen se concentran de forma muy clara en Sonora. 

Pérez García hizo énfasis en que estos índices de violencia se deben a la misma estrategia de seguridad pública que está siguiendo la actual administración, cuyas características principales son la militarización, el carácter centralista del gobierno, el despliegue de contingentes muy numerosos de soldados y marinos, la existencia de pocas carpetas de investigación y la ínfima cantidad de sentencias contra los responsables.