Baja California | 23 de Julio de 2019

En sesión extraordinaria, diputados locales exigieron respeto a la soberanía estatal y descartaron, por improcedente, derogar un decreto que violaría la Constitución, además advirtieron que no pueden dejar sin efecto la iniciativa al octavo transitorio porque está en proceso legislativo.   Foto captura de pantalla

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La Jornada Baja California

Playas de Rosarito, 23 de julio - En una sesión cerrada -con guardias armados en las puertas para evitar el ingreso de los reporteros y un pequeño grupo de manifestantes- efectuada en un recinto alterno, el Congreso del estado consideró que las reacciones que se han dado desde el centro del país a la llamada Ley Bonilla, incluido el exhorto del Congreso de la Unión, es un “ataque a la soberanía” y violatorio de la Constitución local; lo rechazó “por improcedente”.

En la misma sesión donde respondió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que su exhorto tiene “imprecisiones” que -de ser aceptado- le llevarían a contravenir obligaciones constitucionales, y por lo tanto “en caso de cualquier inconformidad concurra ante las instancias jurisdiccionales idóneas”, el Congreso local hizo la declaratoria de validez de la reforma al artículo octavo transitorio de la Constitución que amplía de dos a cinco años el periodo del gobernador electo Jaime Bonilla Valdez

En voz del priista Alejandro Arregui, los diputados de Baja California respondieron a la andanada de los últimos días que ellos están haciendo “uso de nuestra soberanía” y “derechos como estado libre”.

“Dicho ataque se viene dando tanto en los medios de comunicación como a través de acciones legislativas, sin embargo es importante precisar que estas acciones están siendo desinformadas, infundadas y carentes de veracidad, situación que condenamos contundentemente”.

A los integrantes de la Comisión Permanente les hacemos la siguiente observación, que “el alcance legal y las graves consecuencias que conllevaría que el Congreso de Baja California llevara a cabo lo solicitado en el exhorto en cuestión, que solicita dejar sin efectos el Decreto 112 a la Constitución local, siendo esto una imprecisión cometida por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la que llevaría a contravenir obligaciones constitucionales. Asimismo es necesario manifestar que el Decreto 112 de la Constitución local es un acto jurídico distinto a la iniciativa que modifica el octavo transitorio de fecha 8 de julio de 2019, iniciativa que no se puede dejar sin efecto al no tener el carácter de decreto por encontrarse todavía en el proceso legislativo; por lo tanto, llevar a cabo lo solicitado, pudiera tener las siguientes consecuencias:

A) NO SE CUMPLIRÍA con la obligación relativa a la CONCURRENCIA de las elecciones locales con las federales, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 116, fracción IV, inciso n) de la Constitución Federal.

El periodo del próximo gobierno estatal SE MODIFICARÍA A 6 AÑOS.

C) El periodo de los próximos Ayuntamientos se modificaría (aumentaría) a 3 años.

D) La XXIII Legislatura se modificaría (aumentaría) a un periodo de 3 años.

E) Se eliminaría la obligación relativa a la paridad de género entre candidatos.

F) Se eliminaría lo relativo a candidaturas independientes.

G) Se eliminaría lo relativo a las elecciones consecutivas.

En ese sentido, es importante destacar que el decreto 112 al que hace referencia y solicita dejar sin efectos la Comisión Política Permanente, fue votado y aprobado por la anterior Legislatura Estatal, y publicado el 11 de septiembre de 2014, y precisamente fue a través de dicho decreto que se estableció un periodo de dos años para quien resultara ganador de las elecciones de 2019 a gobernador, presidentes municipales, y diputados locales a integrar la XXIII Legislatura en Baja California.

Así, de cumplir con lo solicitado por la Comisión Permanente se estarían violando los artículos 41, fracción I y III, 115, fracción I, 116, fracción II, fracción IV, inciso n), todos de la Constitución Federal, es decir, la Comisión Política Permanente exhorta al Congreso local a violar disposiciones consagradas en nuestra Carta Magna.

No obstante que el exhorto de la citada Comisión Política Permanente del Congreso de la Unión no es vinculante para el Congreso ni para los Ayuntamientos del estado de Baja California y por ende no trae aparejada consecuencia legal alguna, la XXII Legislatura del Congreso del estado de Baja California de forma categórica rechaza dar trámite a dicha solicitud y a llevar a cabo cualquier acto legislativo que vulnere los preceptos consagrados en nuestra Carta Magna, así como en la Constitución local del Estado Libre y Soberano de Baja California.

En efecto, la XXII Legislatura ratifica su compromiso para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 116 fracción IV, inciso n) de la Constitución Federal con el objetivo de llevar a cabo el empate de las elecciones locales con las federales, desde luego en la forma que resulte menos gravoso y lesivo para la conducción política, económica y social de nuestro estado.

Es por ello que con fecha 8 de julio de 2019, esta XXII Legislatura en pleno ejercicio de sus facultades y atribuciones aprobó por mayoría calificada, la iniciativa de reforma constitucional para cumplir lo mandatado en el artículo 116 fracción IV inciso n) de la Constitución Federal con el objetivo de lograr la concurrencia de elecciones locales y federales en el año 2024, reformando precisamente el artículo octavo transitorio de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California aprobado mediante el decreto 112 con fecha 11 de septiembre de 2014; decreto que la Comisión Política Permanente del Congreso de la Unión solicitó al Congreso de Baja California dejar sin efectos a través del multirreferido exhorto.

Ahora bien, es importante destacar que si bien es cierto la iniciativa antes referida ya fue votada y aprobada por mayoría calificada de los integrantes del Congreso de Baja California, así como por tres de los cinco ayuntamientos del estado, el proceso de reforma constitucional para su entrada en vigor aún no ha sido legalmente concluido y se sigue desarrollando de manera regular el proceso legislativo correspondiente.

Por lo antes expuesto, la XXII Legislatura del estado de Baja California hace un enérgico llamado a respetar su independencia, autonomía, soberanía, y la observancia de sus determinaciones, y fortalecer con ello el federalismo y la división de poderes, asimismo, ratifica su plena convicción democrática y el irrestricto respeto hacia los demás poderes de la unión, y las determinaciones que en ejercicio de sus respectivas facultades y atribuciones.

Por tanto, con fundamento en lo establecido en los artículos 14 y 27 de la Constitución Política del Estado de Baja California, y 110 fracción III, 114 y 119 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, para someter a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- Estamos orgullosos de pertenecer a los Estados Unidos Mexicanos desde la fundación del Estado Federal, como Estados libres y soberanos, unidos en una federación de estados iguales y libres.

SEGUNDO.- Se desecha por improcedente la solicitud derivada del exhorto emitido por la Comisión Política Permanente del Congreso de la Unión a este H. Poder Legislativo del Estado de Baja California, tomando a consideración el vicio constitucional de fondo que presenta la solicitud de dejar sin efectos el Decreto 112 de la Constitución Local, acto jurídico distinto a la iniciativa que modificada el octavo transitorio de fecha 8 de julio de 2019, iniciativa que no se puede dejar sin efectos al no tener el carácter de Decreto por encontrarse todavía en el Proceso Legislativo.

TERCERO.- Rechazamos la injerencia de la Comisión Permanente en asuntos que únicamente corresponden a los bajacalifornianos y exigimos respeto a nuestra soberanía.

CUARTO.- Se exhorta a la Comisión Política Permanente del Congreso de la Unión, que en el caso de cualquier inconformidad de esta Soberanía y sus determinaciones, se inicie el de trámite por las vías y mediante los procedimientos contenidos en la nuestra Carta Magna, esto es, se concurra ante las instancias jurisdiccionales idóneas.

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