mundo | 19 de Agosto de 2015

Según la FBI, San Diego es de los sitios en EU con mayor incidencia de tráfico de personas y explotación sexual y laboral Foto Edgar Lima

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Armando José Mercado

San Diego, 19 de agosto.- Isabel lavaba la ropa en su casa en Oaxaca cuando decidió que viajaría cuatro mil kilómetros, cruzaría la frontera como indocumentada y, de conseguirlo, haría cuanto pudiera para que aquellos que la explotaron sexual y laboralmente a los 12 años de edad pagaran por lo que hicieron.

Una amiga en San Diego, California, le decía que podía lograrlo, que regresara al condado a buscar justicia. Unas semanas después Isabel, ahora adulta, dejó la ropa lavada, viajó a Tijuana, cruzó indocumentada y consiguió que sus tíos enfrentaran una potencial sentencia de 390 años de prisión.

La pareja, Marcial García Hernández, y su esposa Inés Martínez trajeron a San Diego por primera vez indocumentada a la niña Isabel, con el señuelo de que aprendería inglés en la escuela y cuando trabajara podría comprarse ropa, o mandar dinero a su familia.

Pero en cuanto la niña estuvo en San Diego, Inés Martínez la obligó a golpes a hacerse cargo de todas las tareas domésticas e incluso de atender a sus primos.

Marcial García la violó al poco tiempo, con la complacencia de su esposa. A partir de entonces el tío que prometió apoyarla para que estudiara, abusó de ella y nunca la dejaba salir. Pero lo peor vino más tarde. Ambos tíos la ofrecieron a otros hombres.

Una tarde Inés Martínez la golpeó tanto que en su desesperación la niña informó a la policía sobre la golpiza, pero no denunció los otros abusos. Isabel  fue devuelta a su pueblo, donde siete años más tarde, un día en que lavaba ropa, decidió.

De vuelta en San Diego, con su amiga buscó a un grupo que dijo que la podía ayudar y, sí, la llevaron con la policía; ahí la pasaron con la procuraduría de distrito, que a su vez la mandó con autoridades federales de migración, donde le gestionaron una visa para víctimas de abuso con la que incluso podría vivir en el estado.

Se le abrieron todas las puertas y a sus tíos se les cerraron. Para no ir 390 años a la cárcel se declararon culpables de todo y en 2013 fueron sentenciados, Marcial García a poco más de 20 años de prisión, Inés Martínez a 23 años de cárcel, con lo que además perdieron sus bienes.

Isabel, porque quiere usar el mismo nombre que le otorgó la corte, comenta que ya puede descansar, ser esposa y madre, vivir e ir a dormir sin miedo.

La procuradora de distrito, Bonnie Dumanis, dijo que este caso es un doloroso recordatorio de que el tráfico de personas y la explotación sexual están presentes en San Diego.

El caso de Isabel es familiar, pero la mayoría de ellos en el condado son por parte de pandillas.

De acuerdo con estadísticas de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), San Diego es uno de los sitios en el país con mayor incidencia de tráfico de personas y explotación sexual y laboral. En su lista California se encuentra entre los tres estados con más delitos de ese tipo, junto con Nueva York y Texas.

 

Un negocio criminal

de 32 mil millones de dólares

Tanto la FBI como una oficina encargada del Departamento de Estado coinciden en que el tráfico y explotación de personas se traduce en más de 32 mil millones de dólares anuales, por debajo del narcotráfico, pero en índices comparativos con el tráfico de armas.

“Nos hemos dado cuenta de que San Diego ocupa un alto, pero muy alto lugar en el tráfico humano”, explicó el vocero de la procuraduría de distrito, Jesse Navarro.

En los últimos años las autoridades en el condado han desmantelado nueve pandillas que se dedicaban exclusivamente a buscar víctimas potenciales en redes sociales y en portales de anuncios, para persuadirlas y terminar por explotarlas.

Navarro comentó que es común que al desarticular una de las pandillas se libere a docenas de víctimas cuyas edades fluctúan desde niñas de 12 años hasta mujeres de poco más de 40 años.

“Al parecer les resulta más rentable que vender drogas, pues, a diferencia de las drogas, a las víctimas las venden una y otra vez”, dijo el agente.

A partir de este año, en el condado de San Diego se formó una coalición sin precedente contra el tráfico humano: cada agencia del orden, desde el departamento de policía de cualquier ciudad hasta la FBI, la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) e Investigaciones Criminales de la Marina, asignaron oficiales permanentes y enlaces contra el tráfico humano.

De acuerdo con Navarro, es una respuesta integral que da frutos porque el tráfico comienza a disminuir, y también esa tendencia entre pandillas.

Pero sea cual sea el inicio de una situación de explotación, un paso decisivo es que las víctimas informen a las autoridades, que ahora tienen como obligación investigar denuncias de tráfico humano y explotación.

Llamar al número telefónico 911 es gratis y en cuanto alguien contesta se comienza a grabar. Basta con informar la situación confidencialmente y por teléfono para activar algún tipo de ayuda.

En el estado de California las víctimas de tráfico y explotación tienen derecho a asistencia médica y sicológica, y en todo el país las víctimas pueden solicitar respaldo federal para que no sean deportadas, si son vulnerables por su condición migratoria,

Jesse Navarro dijo que es común que cuando las víctimas llegan del extranjero sean sometidas con amenazas de venganza contra sus seres queridos en sus lugares de origen, si se atreven a denunciar la explotación.

“Nosotros mantenemos muy buenas relaciones de colaboración con nuestras contrapartes; si pedimos asistencia es a nosotros a quienes informan la situación, ya no queda en un vacío”, concluyó.