diputados federales | 19 de Junio de 2019

El titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade), José Agustín Ortiz Pinchetti, afirmó que en las últimas elecciones de 2018 hubo pocas impugnaciones y en las de 2019 se recibieron 72 denuncias. Foto Edgar Lima / Archivo La Jornada Baja California

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Redacción
Ciudad de México, 19 de junio.- El titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade), José Agustín Ortiz Pinchetti, afirmó que el pueblo mexicano está preparado para la democracia. “Estamos llegando a un punto de madurez que nos podemos dar el lujo de hacer una reforma electoral definitiva con el consenso de todos”.

Refirió que en las últimas elecciones de 2018 hubo pocas impugnaciones y en las de 2019, son “increíblemente escasas las denuncias”. Precisó que se recibieron 72, de las cuales más de la mitad estaban fundadas en hechos falsos, lo cual significa una gran responsabilidad para los representantes de los partidos.

Durante la mesa de análisis “Elecciones y autoridades”, de los foros de Parlamento Abierto de la Reforma del Estado y Electoral, Ortiz Pinchetti señaló que los resultados son propios de un sistema maduro en lo político, “nadie se puede alzar para reclamar una victoria ni tampoco para lamentar una derrota”.

El coordinador del Grupo de Trabajo para la Reforma del Estado y Electoral, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, resaltó que estos foros permitirán construir una propuesta más abierta y nutrida de lo que se necesita en materia electoral, y afirmó que la iniciativa argumenta que el grado de federalismo que actualmente tienen los Organismo Público Local Electoral (OPLE) es muy reducido, pues el esquema o diseño es centralista.  

Mencionó que una manera de defender el federalismo sería conservando las leyes electorales locales que representan la identidad de cada estado y que el órgano que la aplique, no necesariamente incida en ese federalismo, “porque al ciudadano le resulta irrelevante cuál es el órgano que aplica esa ley, siempre y cuando éste recoja su identidad que es en la forma en la que el ciudadano se ve reflejado como entidad local o regional”.

El director jurídico del Instituto Nacional Electoral (INE), Gabriel Mendoza Elvira, resaltó que en esta discusión se deben analizar las debilidades que hay en el ámbito sancionador y tener la claridad sobre cuál es el objetivo de la reforma.

“Hoy parece haber consenso respecto a que las elecciones sean más económicas, en un contexto de austeridad, lo cual no está divorciado con la fortaleza institucional”, reiteró.

Detalló que otro aspecto a tratar es la equidad en la contienda, la libertad en el ejercicio del sufragio y la propaganda electoral que se difunde en redes sociales.

Argumentó que, para garantizar imparcialidad, objetividad e independencia en la toma de decisiones, la fiscalía que persigue los delitos electorales debe ser dotada de independencia orgánica, profesionalización y de los intereses políticos y partidarios.  

La presidenta de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Gabriela Villafuerte Coello argumentó que cada que terminan los procesos electorales, inmediatamente, se habla de reformas del Estado, lo cual es fundamental porque es necesario reforzar a las instituciones, procedimientos jurisdiccionales y administrativos con el propósito de mejorarse.

Enfatizó que en esta discusión se debe tomar en cuenta el tema del artículo 134 párrafo VII y VIII de la Constitución para garantizar que exista una sana contienda electoral.

Por su parte, Carlos Alberto Ferrer Silva, director de Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, mencionó que la democracia requiere de reglas claras, oportunamente establecidas y acordes con el orden jurídico, con el propósito de lograr elecciones libres, auténticas y con respeto irrestricto a los derechos humanos; sin embargo, añadió que para que esto suceda, es preciso que las autoridades en la materia sean imparciales, independientes y especializadas.

Advirtió que puede haber una sobrerregulación normativa en la materia, por lo que se debe fundamentar, simplificar e implementar sistemas electrónicos de votación, tratándose de la recepción y emisión del voto, lo cual se traduciría en reducción de costos y otorgaría la certeza y la obtención de resultados de forma eficaz y ágil.

El consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán, Ramón Hernández Reyes, propuso hacer replanteamientos en materia de organización, ahorro y recursal. Pidió modificar las atribuciones en materia de fiscalización para que los órganos coadyuven en esto; crear instancias electorales permanentes; regular los criterios de mecanismos de participación ciudadana y de derechos de grupos originarios o indígenas. En materia de ahorro, opinó replantear el financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias.

Hernández Reyes planteó reducir el periodo de la preparación de las elecciones de un año a siete meses; revisar la integración de los órganos administrativos y jurisdiccionales para que pasen, en el caso federal de 11 a siete, en el jurisdiccional de siete a cinco y en electorales locales administrativos, de siete a cinco.  

Asimismo, reducir la integración de las diputaciones de mayoría relativa de 300 a 250, plurinominales de 200 a 125 y de primera minoría a 125 como en el Senado. Para evitar gastos de elecciones extraordinarias en caso de nulidad, quien ocupe el segundo lugar, pase al primero y con ello evitar elecciones extraordinarias. Sobre el presupuesto, propuso un parámetro mínimo en procesos electorales y otro mínimo fuera de procesos.

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