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Notimex

Washington, 17 de marzo.- Empresarios y policías locales y federales afirmaron hoy ante el Senado que la frontera entre Estados Unidos y México aún acarrea múltiples problemas a las comunidades de la zona y las ciudades del interior del país.

Los hombres de negocios y los agentes realizaron sus declaraciones al testificar en una audiencia del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado.

La audiencia, encabezada por el senador republicano Ron Johnson y el demócrata Thomas R.Carper, fue la primera de una serie de cuatro que realizará el comité en las próximas dos semanas, para formular y definir los problemas que se enfrentan en la frontera suroeste.

“Quiero ser muy claro; la frontera no es segura”, manifestó el agente de la Patrulla Fronteriza, Chris Cabrera, al testificar este martes a nombre del Concilio Nacional de esa corporación.

Cabrera, un agente fronterizo con 12 años de experiencia, sostuvo que “en el mejor de los casos”, la Patrulla Fronteriza sólo logra detener entre 35 y 40 por ciento de los inmigrantes que cruzan la frontera de manera ilegal.

“Este número es aún menor para los contrabandistas de drogas, que son mucho más hábiles para eludir la captura”, señaló el agente.

Explicó que a pesar de los recursos destinados en los últimos años a la seguridad fronteriza, aún existen “grandes extensiones de tierra que quedan al descubierto, hasta 30 o 50 kilómetros en algunos lugares”, en los que no existe presencia de agentes de la Patrulla Fronteriza.

En su testimonio, Cabrera acusó a funcionarios de alto nivel de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) de manipular los números de detenciones de indocumentados y traficantes de droga para falsear estadísticas y mostrar que la frontera es segura.

“Incluso pueden apuntar a las estadísticas e indicadores que muestran que la Patrulla Fronteriza es 75 por ciento eficaz en la detención de los inmigrantes ilegales y traficantes de drogas, pero quiero ser muy claro, la frontera no es segura”, insistió.

En la audiencia testificaron también Mark Dannels, sheriff del condado de Cochise, Arizona; Howard G. Buffett, dueño de un rancho en el sur de Arizona; Othal Brand, agricultor del sur de Texas, y Monica Weisberg-Stewart, miembro de la Coalición Fronteriza de Texas.

Buffett, presidente de la fundación altruista Howard G. Buffett, propietaria de un rancho en el condado fronterizo de Cochise, Arizona, sostuvo que la inseguridad en la frontera “esta contribuyendo a una crisis humanitaria”.

“Creo firmemente que la seguridad fronteriza debe ser lo primero y debe ser abordada por separado de otras importantes inversiones en la reforma migratoria y en los esfuerzos para crear oportunidades económicas en los países” en los que se origina la migración ilegal, indicó.

El hijo del multimillonario Warren Buffett sostuvo que desde 2005 su fundación ha invertido más de 150 millones de dólares en asuntos relacionados con la frontera sur de Estados Unidos, para reducir los incentivos de las personas a inmigrar a este país.

No obstante, consideró que aunque sus actividades filantrópicas en México y Centroamérica buscan “mejorar la vida de las personas en sus países de origen y reducir los incentivos para cruzar, creo firmemente que la seguridad fronteriza debe ser lo primero”.

Mark Dannels, sheriff del condado de Cochise, indicó que el gobierno federal debe mejorar la coordinación y los recursos a las corporaciones locales de policía a lo largo de la frontera con México para formular soluciones locales al problema de seguridad.

“Los sheriffs a lo largo de la frontera suroeste luchan cada día con recursos limitados para encontrar formas de mejorar la calidad de vida y seguridad para aquellos que residen en el área, y para disuadir el paso de delincuentes que intentan llevar sus empresas criminales a otras comunidades del interior”, aseguró.

Por su parte, Mónica Weisberg-Stewart, de la Coalición Fronteriza de Texas -un grupo de empresarios y agentes de corporaciones civiles del sur de Texas-, fue la única en señalar que la frontera con México no puede asegurarse sin tener una reforma migratoria.

Desde el año 2000, la migración indocumentada se ha reducido en un 80 por ciento y actualmente una tercera parte de quienes residen en el país ilegalmente, ingresó a través de los puertos de entrada con una visa legal que luego dejó vencer.

“Debemos reforzar los puertos de entrada para prevenir los ingresos ilegales”, opinó.

Weisberg-Stewart aseveró también que los cárteles de la droga han construido “un exitoso negocio” de contrabando a través de los puertos de entrada, carentes de personal suficiente para poder frenar los cargamentos ilegales.

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