Baja California | 14 de Febrero de 2020

Dijo el secretario General de Gobierno que le corresponde enviar estas iniciativa al presidente del Congreso, Victor Manuel Morán, para que hoy las reciba, la discuta y pueda aprobarse en los próximos días. Foto tomada de Facebook

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Ángel Ramírez

Tijuana, 14 de febrero.- El gobernador del estado, Jaime Bonilla Valdez, envió un par de iniciativas al Congreso a través del secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano en temas de elevar a rango constitucional los desayunos calientes y dar prisión preventiva a quien otorgue documentos falsos para la libre circulación de autos irregulares en Baja California.

Rodríguez Lozano dijo que la primera es la iniciativa que eleva a rango constitucional el derecho a que los niños reciban diariamente un desayuno caliente. Señaló que fue compromiso de campaña del gobernador actual y que poco a poco van cumpliendo las metas establecidas.

Señaló que Bonilla Valdez pretende que el desayuno escolar caliente se convierta en una política de estado, “que quien gobierne el estado en 10, 20 años pueda garantizar que los niños tienen acceso a un desayuno caliente diario en las escuelas públicas”.

Dijo el secretario General de Gobierno que le corresponde enviar esta iniciativa al presidente del Congreso, Victor Manuel Morán, para que hoy las reciba, la discuta y pueda aprobarse en los próximos días.

La segunda iniciativa tiene que ver con las organizaciones que ofrecen –dijo Amador- una serie de “seguridades” para que vehículos irregulares puedan transitar libremente en el estado, señalando que esa acción es un fraude.

Dijo Amador Rodríguez Lozano que ha observado autos marca Mercedes Benz, BMW, Ferraris con placas de organizaciones que dicen tener elementos suficientes para que estos vehículos puedan transitar.

“Se ha distorsionado esta posibilidad y se comete el delito de fraude porque no pueden dar tranquilidad o seguridad para conducir en las carreteras de Baja California. La autoridad de aduanas puede sancionar a esos vehículos, pero para sancionar esas conductas que son verdaderos delitos, se ha presentado una iniciativa para modificar el artículo 250 del Código Penal para que se pueda tener un mejor recurso para procesar a quienes estén obteniendo un recurso ilegal para su beneficio” dijo Rodríguez Lozano.

El pasado 11 de febrero, La Jornada Baja California publicó que la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Montserrat Caballero Ramírez, a nombre del grupo parlamentario de Morena presentará ante el pleno adicional un artículo al Código Penal de Baja California donde se dé prisión preventiva a quien tenga un auto con documentación de alguna organización y que no esté legalmente en territorio mexicano.  

El Artículo 250 pretende: “Se sancione con pena de privación de la libertad a quien engañando o usando información, documentos o atribuciones obtenga beneficio económico otorgando cualquier documento que permita circular vehículos de motor que no estén legalmente en territorio del estado”.  

La diputada Caballero solicitará dispensa de trámite, es decir, se considere de urgente resolución para ser analizado, discutido, votado y probablemente aprobado en la próxima sesión legislativa.

Derogaron decreto que creaba el Instituto Estatal de Movilidad

Hace una semana, el gobernador del estado se reunió con un grupo de transportistas y escuchó sus quejas y demandas comprometiéndose a derogar el decreto que ellos impugnaban con el cual se creaba el Instituto Estatal de Movilidad y Transporte de Baja California.

De acuerdo con el secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez, el lunes a más tardar aparecerá el decreto en el Periódico Oficial del Estado donde se extingue esta institución. “Esto no significa dar marcha atrás ni que el gobierno renuncie a hacerse cargo de la movilidad en el estado, solo significa que se hace caso a los ciudadanos y que hemos trabajado el decreto que ellos impugnaron y estamos seguros que el nuevo decreto será de su agrado.

Dijo que en 15 días estará publicado de nuevo otro decreto que dará paso a enviar al congreso la Ley que regule la movilidad en el estado.