Baja California | 11 de Noviembre de 2019

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Redacción

Mexicali, 11 de noviembre.- El secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, anunció que se presentará ante el Congreso del Estado una solicitud de juicio político contra funcionarios de la extinta Procuraduría de Justicia -de la anterior administración-, por incumplir con la protección y atención a víctimas en Baja California, un ordenamiento constitucional que debió aplicarse desde junio de 2018.

De acuerdo con un comunicado de prensa, se dijo sorprendido de la inexistencia formal del Centro de Atención Integral de la CEAV (Comisión Integral de Atención a Víctimas) en la entidad, por lo que giró instrucciones para que se indague en la Oficialía Mayor y la Secretaría de Finanzas por qué no se creó la Comisión Ejecutiva que debió ser parte de la Secretaría General de Gobierno y contar con los recursos materiales y financieros para su operación.

En reunión de trabajo con funcionarios del área "surgió el tema relativo a que, en las postrimerías de la anterior gestión estatal, reaparece el tema del Centro de Atención Integral de la CEAV, pero que al frente del organismo aparece la hija de la Procuradora Perla Ibarra, quien por cierto siempre se supo de su poder y su cercanía con el ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid, lo cual constituye un abuso legal, constitucional y político", refirió el comunicado.

Fernando Ocegueda, quien estuvo presente en la reunión, es el director operativo de la comisión "que nunca terminó de integrarse". En el encuentro, Rodríguez Lozano "hizo hincapié en que el mandato constitucional y de la ley, fue que todos los recursos de la Dirección General de Atención a víctimas de la extinta Procuraduría pasaran a la Secretaría General de Gobierno para crear la Comisión Estatal de Atención a víctimas".

Amador Rodríguez advirtió que al igual que casos que se han estado encontrando en la recepción del gobierno anterior "se actuará con todo el peso de la ley, independientemente de la importancia o supuesto poderío político que pudiera tener quien resulte responsable de estas omisiones que, en este caso, están perjudicando a víctimas, incumpliendo con un ordenamiento constitucional".

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