Chihuahua | 09 de Diciembre de 2019

Integrantes de la asociación civil Familias Unidas, durante una conferencia de prensa para denunciar las desapariciones forzadas en Coahuila. Foto Roberto García Ortiz / archivo La Jornada

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Jessica Xantomila / La Jornada

Ciudad de México, 9 de diciembre.- El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas declaró al Estado mexicano responsable de la desaparición forzada de Víctor Manuel Guajardo Rivas, sucedida en Piedras Negras, Coahuila, en octubre de 2013. Este es el tercer caso que resuelve dicho organismo.

Guajardo Rivas fue golpeado y sacado de su residencia por los grupos de Armas Especiales y Tácticas (GATE) y de Armas y Tácticas Especiales Municipales (GATEM), ambos de la policía élite de Coahuila, y desde ese momento se desconoce su paradero.

Jesús Peña, representante adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, destacó que con la resolución del comité el país suma cinco determinaciones en materia de desaparición, contando las que ha atendido la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En conferencia de prensa, en la que presentó el caso de Guajardo Rivas -acompañado de las organizaciones Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos y Familias Unidas por la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas-, Peña destacó que junto con la tortura y violencia contra las mujeres, la desaparición de personas se manifiesta como la transgresión que más resoluciones internacionales ha provocado.

Ante este panorama, destacó que es importante que México reconozca la competencia del comité contra desapariciones forzadas como se comprometió recientemente el nuevo gobierno al dar respuesta a las recomendaciones del Examen Periódico Universa.

Respecto al caso de Guajardo Rivas expuso que entre las medidas que establece el comité, se pide al Estado mexicano que se lleve a cabo “una investigación pronta, efectiva, exhaustiva, independiente, imparcial y transparente sobre las circunstancias de su desaparición”. Asimismo, que se le ponga en libertad de manera inmediata “en caso de que siga en régimen de incomuniación”.

En el supuesto de que haya fallecido, pide que se entreguen sus restos mortales a sus familiares en condiciones dignas.

Asimismo, conceder a quienes han presentado la denuncia ante el Comité así como Guajardo Rivas, en caso de seguir con vida, una reparación integral que incluya una indemnización adecuada por las vulneraciones sufridas. Y que se establezcan medidas para evitar que se cometa transgresiones semejantes en el futuro entre las cuales se deberá incluir un registro de todas las personas detenidas.

María Hortensia Rivas, madre de Guajardo Rivas, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador tomar “el control de la situación y no permita en aras del combate a la ola de violencia que actualmente vivimos en Coahulia se violen derechos humanos y se sigan desapareciendo más personas”.

Llamó a la sociedad civil para que la siga acompañando y apoyando “para reclamarle al gobierno a que trabaje con eficacia y prontitud, que haya verdad y justicia” para su hijo y todos los desaparecidos.

Juan Carlos Gutiérrez, de Idheas, expuso que la actitud de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en el litigio de estos casos es “de defensa acérrima y sin autocrítica de lo que está pasando en el país”. Indicó que se ha invitado a la dependencia federal a tratar estas situaciones pero se ha negado reiteradamente. “Ni ha hecho caso de que requiramos una instancia para dar cumplimiento y seguimiento a estas decisiones que devienen de tratados internacionales” y que son obligatorias.

María Corina Muskus, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, expuso que entre 2018 y 2019 el Estado mexicano ha sido evaluado por siete órganos de tratados internacionales dentro de los cuales se encuentran el comité de los derechos humanos de la ONU, el comité contra la tortura, entre otros, por lo que ha acumulado más de 2 mil recomendaciones.