méxico | 08 de Diciembre de 2019

El mecanismo fue creado en julio de 2012, a partir de la exigencia de la sociedad civil, informó el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas. Foto Roberto Garcías / La Jornada

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Fabiola Martínez / La Jornada
Ciudad de México, 8 de diciembre.- Ante las amenazas de muerte y allanamiento al domicilio de Emir Olivares, reportero de La Jornada, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (SG), Alejandro Encinas, dijo que el mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas será modificado.
 
El propósito es que no sea sólo un instrumento reactivo, sino preventivo. “En el caso de Emir tenemos que ver qué falló”, comentó.
 
Desde el viernes, día de los hechos, el subsecretario mantiene comunicación personal con el reportero, “quien fue víctima de un hecho condenable” por lo cual “se pidió una investigación a fondo no sólo a las autoridades ministeriales de la Ciudad de México, sino también a la Secretaría de Seguridad federal”.
 
La prioridad, dijo, es encontrar a los responsables y dar seguimiento de quién propició esto porque es inadmisible una situación de esta naturaleza.
 
“Pedimos la intervención de estas autoridades para identificar a los responsables. Por supuesto, revisaremos qué falló con las medidas de protección porque ingresaron dos personas a su domicilio con cierta facilidad. Es un asunto a evaluar para fortalecer las medidas preventivas”, dijo el funcionario, responsable de la operación del mecanismo.
 
Las cifras oficiales más recientes en la materia indican que durante el primer año del gobierno del presidente López Obrador se incorporaron al mecanismo 312 personas, equivalentes a 28.7 por ciento de los mil 86 beneficiarios, registrados hasta noviembre.
Durante ese periodo, ha otorgado 890 medidas de protección, tanto ordinarias como extraordinarias.
 
El mecanismo fue creado en julio de 2012, a partir de la exigencia de la sociedad civil; en este instrumento participa, ­además de la SG, la fiscalía General de la República, las secretarías de Seguridad Pública y de Relaciones Exteriores, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y un consejo consultivo de defensores, comunicadores y académicos.
 
Del total de beneficiarios, 365 son periodistas (97 mujeres y 268 hombres) y 721 defensoras (371 mujeres y 350 hombres). Encinas expresó que desde el inicio de la presente administración el mecanismo está en revisión y ajuste.
 
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha emitido 104 recomendaciones en torno al instrumento, al tiempo que ha reconocido la valía de los protocolos de seguridad y la actuación de los equipos.
 
En cuanto a la custodia de los beneficiarios, recordó que ya se sustituyó a la empresa privada que se hacía cargo, por elementos de las fuerzas federales “porque esta es una responsabilidad del Estado”.
 
La ONU ha señalado que el mecanismo ha sido muy útil y es un referente internacional, “no existe un instrumento de esta naturaleza en otra parte del mundo, ha ayudado a salvar vidas, pero debe fortalecer sus tareas preventivas y correctivas para garantizar la seguridad de los beneficiarios”.
 
El periodista Emir Olivares ha sido intimidado desde 2017 por un trabajo que hizo sobre narcomenudeo en la UNAM.