16 de Octubre de 2019

Editorial
La Jornada

El lunes por la mañana un convoy de policías estatales de Michoacán fue emboscado por integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG) a la altura de la comunidad El Aguaje, municipio de Aguililla, cuando los uniformados se dirigían a cumplir una orden emitida por un juez penal.

En el ataque fueron asesinados 13 policías, nueve sufrieron heridas de distinta gravedad y 20 resultaron ilesos; además, los criminales incendiaron dos vehículos oficiales y dejaron cartulinas en los que se atribuye el atentado al cártel referido.

La barbarie perpetrada en esta entidad largamente azotada por la violencia fue recibida por la sociedad como una confirmación de la beligerancia y la plena operatividad de las organizaciones criminales en general, así como de la consolidación del CJNG como el grupo delictivo más poderoso y con mayor capacidad de fuego, en particular.

Ese mismo día, la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo dedicada a la presentación de un extenso informe a cargo de los principales responsables de seguridad pública y combate a la delincuencia del gabinete federal. Durante su comparecencia, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, reconoció que no hay mucho que presumir en la materia, pues si bien se ha logrado una reducción en los índices delictivos, ésta dista mucho de alcanzar los ritmos deseables.

Aunque la actual estrategia oficial de paz y de seguridad no ha dado los frutos que los ciudadanos esperan con desesperación, lo anterior no debe usarse como argumento para abogar por un regreso a las fallidas políticas puestas en marcha por las administraciones anteriores, basadas casi exclusivamente en la fuerza policial y militar.

Éstas no sólo demostraron su completa ineficacia en la finalidad de reducir el poder del crimen organizado, sino que tuvieron consecuencias tan conocidas como nefastas, entre las que se encuentran la multiplicación, atomización y dispersión territorial de la violencia, el incremento en las violaciones a los derechos humanos y muertes de personas ajenas a las confrontaciones.

Es necesario, con certeza, acelerar y profundizar la aplicación de medidas que permitan establecer un cerco en torno de las organizaciones delictivas con procedimientos como la inteligencia financiera y policial y el combate al tráfico de armas, así como con políticas orientadas a minar la base social de la delincuencia (por ejemplo, los programas dirigidos a la reconstitución del tejido social mediante el impulso al bienestar), en las cuales el gobierno federal ha hecho hincapié a nivel nacional, pero que posiblemente deban ser focalizadas e intensificadas en las regiones bajo control de los denominados cárteles.

El mensaje inequívoco lanzado en Aguililla –es decir, que en amplias zonas del país no manda el Estado, sino los grupos criminales– constituye un llamado de advertencia que las autoridades deben recoger para redoblar los esfuerzos encaminados a recuperar la seguridad pública perdida en la década pasada y que hoy por hoy constituye el principal reclamo ciudadano.