Baja California | 31 de Julio de 2019

Los han separado de sus familias. Foto Víctor Camacho / La Jornada

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Agencias

San Diego, California, 31 de julio.- Más de 900 niños migrantes han sido separados de sus familias en la frontera sur de Estados Unidos, a pesar de que un juez ordenó, el año pasado, que dicha práctica debía ser restringida drásticamente, dijo la Unión Estadunidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).

El grupo afirmó, en un documento presentado a una corte de San Diego, que 911 niños habían sido separados de sus familias desde que se emitió la orden. Entre ellos había 678 cuyos padres enfrentaban acusaciones por conducta criminal.

Otras razones de la separación incluyen una supuesta afiliación con pandillas, inquietudes sobre aptitud o por la seguridad de los menores, una relación familiar no verificada, o enfermedad de los padres. Aproximadamente uno de cada cinco de los niños separados tiene menos de 5 años, algunos de ellos incluso son bebés.

En junio de 2018, el juez federal de distrito Dana Sabraweb ordenó que la práctica de separar familias en la frontera sur fuera suspendida, con excepciones en circunstancias específicas, como antecedentes penales de los padres o inquietudes por la seguridad de un menor.

El jurista instruyó al gobierno a que reuniera con sus familias a más de 2 mil 700 niños que estaban en custodia del gobierno en aquel momento, algo que se ha logrado en gran parte.

La ACLU, que basó sus hallazgos en informes proporcionados por el gobierno, pidió al juez que ordenara al gobierno explicar su criterio para dividir familias.

Un padre fue separado de su hijo por un robo de cinco dólares, que resultó en una sentencia de seis días en la cárcel, informó la organización. Unos seis progenitores fueron separados de su familia por condenas de posesión de mariguana, ocho más por delitos de fraude y falsificación.

Una hoja de cálculo del gobierno muestra que 44 separaciones se basaron en acusaciones de agresión. En 11 casos, no hay indicio de que el padre fuera condenado y 34 no indican la severidad del delito, señaló la ACLU.

En tanto, el gobierno estadunidense evalúa instalaciones en Florida, Virginia y Los Ángeles, para alojar a niños no acompañados que llegan a la frontera con México.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos envió cartas a legisladores de Florida el lunes pasado, avisándoles que estaba inspeccionando locales vacíos para darles licencia permanente, a fin de albergar a menores de 18 años que hayan llegado a territorio estadunidense sin padre ni tutor.

En la carta se asevera que dar una licencia permanente a esas instalaciones eliminará la necesidad de construir centros de detención temporales.

Por pacto migratorio, toman universidad en Guatemala

En Guatemala, cientos de universitarios, algunos con el rostro cubierto, tomaron indefinidamente la Universidad de San Carlos, la única escuela superior estatal en el país, para protestar contra un acuerdo migratorio con Estados Unidos, así como para demandar mayor presupuesto para la educación superior.

Los estudiantes bloquearon los ingresos al campus central de la universidad, en la periferia sur de la capital, lo que provocó congestionamiento vehicular.

El acuerdo migratorio fue firmado el pasado viernes en Washington y, según la Casa Blanca, convierte a Guatemala en tercer país seguro. El gobierno guatemalteco defendió que no existe algún tipo de amenazaspor parte de Estados Unidos para que aprobara el pacto.

En este contexto, autoridades de Costa Rica y Panamá iniciaron un operativo conjunto para desarticular una banda internacional dedicada al tráfico de migrantes desde África, Asia y Cuba, informaron las autoridades.

En los dos países centroamericanos se realizaron los operativos para detener a 46 integrantes de la banda, que cobraban miles de dólares por trasladar a las personas hacia Estados Unidos.