Chihuahua | 29 de Octubre de 2018

La Suprema Corte de Justicia (cuyo presidente, Luis María Aguilar, posa en la foto junto al presidente Peña Nieto) admitió una controversia presentada por el Ejecutivo federal. Foto Dennis A. García / La Jornada

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Dennis A. García / La Jornada

Ciudad de México, 29 de octubre.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la suspensión de cualquier investigación por parte del gobierno de Chihuahua en contra de funcionarios federales, incluido el presidente Enrique Peña Nieto.

El Alto tribunal admitió la controversia que presentó el Ejecutivo federal, a través del consejero jurídico, contra cualquier acto de investigación y procesamiento de autoridades de Chihuahua, que encabeza el gobernador Javier Corral.

Lo anterior se desprende de los señalamientos del gobernador de esa entidad a la poca celeridad con que han actuado autoridades federales para la extradición del ex gobernador César Duarte y del caso Alejandro Gutiérrez, ex secretario general del CEN del PRI, que un juez decretó el sobreseimiento de la acusación por el delito contra la administración de la justicia.

Incluso, en el caso de Gutiérrez, el gobernador Corral anunció en septiembre que interpondría una denuncia penal contra el encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, por el delito en perjuicio de la administración de la justicia.

Aseguró que la PGR recibió toda la información y registros por parte de la fiscalía del estado de la investigación contra Gutiérrez, y que la Procuraduría nunca llevó a cabo una investigación “seria y responsable” sino que obstaculizó y desechó las pruebas que había obtenido la fiscalía del estado.

Al respecto, la Suprema Corte informó que se otorgó la suspensión contra los actos de investigación y procesamiento, “ya que de no suspenderse se podría generar una situación grave de impunidad generalizada, al no tener certeza de cuáles son los fiscales y jueces competentes para procesar las investigaciones contra los funcionarios federales”.

Indicó que la medida cautelar únicamente suspende las investigaciones y procesos hasta en tanto se determina por esta Suprema Corte si las conductas delictivas que pretenden investigar y perseguir las autoridades de Chihuahua deben ser conocidas por las autoridades federales o autoridades locales.

El recurso que presentó el Consejero Jurídico del ejecutivo federal, alega que el gobierno de Javier Corral invadió competencias de la federación “consistente en determinar si los funcionarios federales pueden ser sujetos a procesos penales del orden local”.