Baja California | 29 de Septiembre de 2015

El denominado "Zócalo 11 de Julio" estaba proyectado para situarse en las inmediaciones del Palacio Municipal de Tijuana.
El denominado "Zócalo 11 de Julio" estaba proyectado para situarse en las inmediaciones del Palacio Municipal de Tijuana. Foto Gabriela Martínez

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Gabriela Martínez

Tijuana, 29 de septiembre.- El Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) ordenó la clausura de la construcción del "Zócalo 11 de Julio", situado en las inmediaciones del Palacio Municipal y del Centro de Gobierno del estado, confirmó Roberto Sánchez Martínez, secretario de Desarrollo Urbano y Ecología en el municipio

Sánchez Martínez explicó que desde el pasado 23 de septiembre notificaron a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (Sidue) en Baja California sobre la decisión del juez de la Segunda Sala. "Se requiere a la autoridad demandada para que en un plazo de 3 días exhiba las documentales idóneas con las que acredite haber realizado todas las diligencias necesarias para lograr el cabal cumplimiento de la suspensión definitiva", dice el documento entregado al Ayuntamiento de Tijuana, por parte del juez. 

Sánchez detalló que de acuerdo con los permisos para la construcción que solicitó, en ninguno se detectaron irregularidades y aclaró que contaban con autorización para la edificación, pero recién venció el plazo del último permiso que habían solicitado. 

Explicó que a pesar de ser una sentencia definitiva, el gobierno del estado tiene la oportunidad de inconformarse en los tribunales por esta decisión, para continuar con la construcción del proyecto del zócalo, que inició hace cinco años. 

Según el calendario de trabajo, el primer periodo arrancó en noviembre de 2010, el segundo en febrero de 2013, el tercero en febrero de 2014 y el último fue otorgado el 21 de noviembre del año pasado. Aunque ya habían solicitado el quinto permiso no les fue entregado debido a la decisión del juez del TCA. 

Durante la construcción del "Zócalo 11 de Julio", la dirección de Protección al Ambiente, a cargo de Gabriel Alonso Veytia Burgueño, primero otorgó un permiso para reubicar 97 árboles y talar uno, después entregó otro para colocar en otro sitio a 66 plantas y cortar cinco. Del total solo cinco especies no sobrevivieron al cambio de lugar. 

El movimiento para frenar la construcción del zócalo inició desde 2010 con diferentes organizaciones y empresas que rechazaron el proyecto, debido al movimiento de árboles que implicaba impacto en el medio ambiente, incluso durante meses un grupo de personas se plantó en ese lugar para evitar que las máquinas continuaran su trabajo. 

Acusaron a los entonces gobiernos de José Guadalupe Osuna Millán y Jorge Ramos, de beneficiarse con la construcción y favorecer al Patronato 11 de Julio, encargado de impulsar la edificación. 

Aunque el gobierno municipal ya había recibido en abril pasado una sentencia del TCA para frenar la construcción, no actuó en ese momento, porque el gobierno del estado, a través de Sidue, consiguió un amparo y se protegió legalmente antes de que pudieran detener los trabajos de construcción.