méxico | 29 de Mayo de 2019

Alonso Ancira llegó a las dependencias judiciales en un vehículo de la policía secreta española, esposado y con la ropa y el pelo desaliñados y con aspecto demacrado. Foto Juan Pedro Martínez y Guillermo Esteban/ Especial para La Jornada

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Armando G. Tejeda / La Jornada
Madrid, 29 de mayo. El presidente de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira, acusó al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de orquestar en su contra una “vendetta” para ser detenido por una trama de corrupción que supera los 500 millones de dólares.
 
El empresario mexicano pasó la noche en los calabozos de la Policía Nacional de Palma de Mallorca y una vez le tomó declaración a través de videoconferencia el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, está a la espera que el magistrado decida sobre su situación procesal.
 
Ancira huyó de México tras la orden de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público de congelar las cuentas bancarias de la compañía metalúrgica por un caso grave de corrupción del 2014, en la que intervino el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya, hoy en paradero desconocido y con sus cuentas también congeladas.
 
El presidente de AHMSA fue detenido ayer alrededor de las nueve y media de la noche en el aeropuerto de Palma de Mallorca, cuando intentaba pasar el control fronterizo, después de llegar a la isla en un vuelo privado.
 
Cuando fue identificado, la policía ejecutó la orden girada por la Interpol y lo trasladó de inmediato a los calabozos de la policía. Ahí pasó la noche, hasta que fue trasladado a las dependencias de los juzgados de instrucción de Palma de Mallorca.
 
Ancira llegó a las dependencias judiciales en un vehículo de la policía secreta española, custodiado por cuatro agentes, esposado y con la ropa y el pelo desaliñados y con aspecto demacrado. Al bajarse del coche-patrulla, con las manos esposadas, saludó a su abogado, Ismael Oliver, y mirando retador a los fotógrafos que se encontraban ahí les espetó, con una sonrisa forzada: “Estoy contento”.
 
De inmediato fue llevado a los calabozos de los juzgados, donde espero alrededor de dos horas hasta que se realizó el interrogatorio a través de videoconferencia y que correspondió al Juzgado número 1 de la Audiencia Nacional, que preside el juez Santiago Pedraz.
 
Durante la comparecencia, la Fiscalía expuso los argumentos para su detención y extradición a México, al sostener que está acusado de graves delitos de blanqueo de capitales y de grave daño patrimonial a Pemex por la operación de compra-venta de la petroquímica Agro Nitrogenados, una empresa obsoleta y en desuso que la paraestatal compró por 500 millones de dólares.
 
El juez Pedraz tendrá que decidir ahora si decreta la libertad con medidas cautelares o si, por el contrario, ordena la prisión provisional mientras se resuelve el proceso de extradición, que podría demorarse varios meses.
 
A su salida de las dependencias judiciales, el abogado de Ancira, Ismael Oliver, acusó al Presidente López Obrador de orquestar una “vendetta” contra su defendido y por una mera “motivación política”. Oliver explicó que “al señor Alcira se le acusa de que fruto de esa compra-venta que se hizo en México él compró unos condominios. Resulta que el señor Alcira no ha comprada nada en los últimos diez años en México, que no tiene poderes para hacer esas operaciones en AHMSA, pues él sólo es el presidente ejecutivo pero no puede firmar cheques ni hacer transferencias. Es decir que estamos hablando de una operación en la que él no habría podido intervenir en el caso de que fuera una operación sospechosa, si lo fuera”.
 
Y añadió que la compra en cuestión “es una operación que ha pasado todos los controles de auditoría tanto de Pemex como de AHMSA, pero lo que ocurre es que hace un año y medio o dos el actual presidente y entonces candidato (Andrés Manuel López Obrador) sospechaba de estas operaciones y anunciaba lo que ha ocurrido ahora, que iban a girar órdenes de detención. Pero con la información que ha otorgado México y como le hecho saber al juez Pedraz, es casi un insulto y un atropello intentar meter a una persona de 67 años a la cárcel durante más de 40 días, cuando no hay argumentos y técnicamente no se dan las circunstancias de una extradición pasiva. Es una vendetta por motivos políticos”, remató.