Baja California | 29 de Mayo de 2018

En enero de 2015, ante una oleada de muertes violentas de mujeres, la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos solicitó a la Comisión Nacional para Atender, Erradicar y Prevenir la Violencia contra la Mujer (Conavim) emita la declaratoria de alerta de género en Baja California. Foto Antonio Maya

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Antonio Maya

Tijuana, 29 de mayo.- Entre 2017 y 2018 en Tijuana se han registrado 238 homicidios de mujeres, de los cuales seis se han tipificado como feminicidios, esto de acuerdo con información proporcionada a La Jornada Baja California por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).   

En enero de 2015, ante una oleada de muertes violentas de mujeres, la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos solicitó a la Comisión Nacional para Atender, Erradicar y Prevenir la Violencia contra la Mujer (Conavim) emita la declaratoria de alerta de género en Baja California; tras la creación de un grupo de trabajo con especialistas se emitieron 14 recomendaciones que se reportaron como cumplidas, por lo que ya no se emitió la alerta.

La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Melba Adriana Olvera Rodríguez indicó que las recomendaciones y la alerta de género las hace un comité de trabajo que se forma a doc para evaluar si los municipios que están señalados son candidatos a la alerta o si tienen las condiciones que implica una alerta.

El comité está conformado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y un grupo de trabajo con expertos a nivel nacional que evalúa las circunstancias e intercambio de información para poder dar un veredicto sobre la necesidad de una alerta de género.

En febrero de este año el gobernador del estado Francisco Vega de Lamadrid, lamentó los hechos violentos hacía las mujeres y aseguró que “últimamente la mujer también está participando, digamos con mayor frecuencia en actos y acciones delictivas”. Asimismo recomendó a tener cuidado y observar con quien se relacionan personalmente.

Olvera Rodríguez, dijo que el código penal en el artículo 129 menciona que la persona que dolosamente prive de la vida a una o varias mujeres por motivos o razones de género se le impondrá una pena de 20 a 50 años de prisión, además de una multa de 200 hasta 500 días de salario mínimo, “es un área de oportunidad que podría quedar más claro a que se refiere con feminicidio y pone ciertos criterios o circunstancias para considerar que un delito tiene razones de género”.  

Comentó que son varias las razones por las que un homicidio puede ser considerado feminicidio, como en el caso de que la víctima y el activo hayan tenido alguna razón de parentesco ya sea matrimonio, noviazgo, amistad o cualquier tipo de relación con ella; de ser así “ya cumple con la primera circunstancia que puede decirse que es un feminicidio”.
El que haya existido entre el activo y la victima una relación laboral o cualquier otra que implique confianza donde hay una relación vertical entre el victimario y la víctima.

Otros pudieran ser el que la víctima presenté signos de violencia sexual de cualquier tipo, o mutilaciones previo o posterior a la privación de la vida, así como el antecedente de amenazas, acoso, lesiones del sujeto, “en muchas ocasiones lo que sucede es que la persona que priva de la vida a una mujer ya la había amenazado ya le había dicho te voy a matar o voy a cavar contigo y no siempre, pero también en varias ocasiones del total de las víctimas de las mujeres que son amenazadas muchas de ellas sí presentan una denuncia por amenazas”, expresó la presidenta de la CEDH.  

Explicó que en la ciudad hay órdenes de mecanismos de seguridad para mujeres que han sido víctimas de amenazas, en ese sentido dijo que los institutos de la Mujer en ocasiones dan seguimiento a las denuncias por amenazas o de temas de violencia de género para acompañar estas órdenes de protección.

“Si una mujer viene con nosotros y nos pide el acompañamiento para presentar una denuncia, nosotros abrimos un folio para que la persona tenga certeza de que le vamos a dar un acompañamiento al proceso y no solo a la denuncia, si no que se le dicta una orden de protección para que se cumpla que puede incluir un rondín de una patrulla en su domicilio o que la persona que la está amenazando, que vive en la vivienda, que sea desalojada para que pueda estar ahí con sus hijos”, concluyó, Olvera Rodríguez.