Baja California | 29 de Marzo de 2018

La coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI, Isela Torres Hernández cuestionó al fiscal general del Estado, César Augusto Peniche Espejel sobre la posible y futura invalidación de las pruebas obtenidas en el cateo por el caso del homicidio. Foto Archivo La Jornada

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Rubén Villalpando / La Jornada

Ciudad Juárez, 29 de marzo.- La coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI, Isela Torres Hernández, cuestionó al Fiscal General del Estado, César Augusto Peniche Espejel sobre la posible y futura invalidación de las pruebas obtenidas en el cateo llevado a cabo en una casa de seguridad en la ciudad de Chihuahua el año pasado, por el caso del homicidio de la corresponsal de La Jornada, Miroslava Breach Velducea.

Dijo que esto es “porque el gobernador Javier Corral Jurado afirmó en reiteradas ocasiones ante medios de comunicación, haber participado en el mismo cateo, aparentemente sin autorización, lo cual sería una violación al Código Nacional de Procedimientos Legales que invalida pruebas porque “se contamina” el lugar con gente no relacionada con la indagatoria”.

La diputada Torres, inquirió y pidió pruebas al Fiscal Peniche de que “si el gobernador pidió alguna autorización a algún juez y si es común que participe en cateos, así como en cuántos ha participado y cuántos le han autorizado”.

Dijo que especialistas en derecho les han informado que “esta intervención que podría ser ilegal (la del gobernador), echaría abajo las pruebas obtenidas en el cateo de una vivienda en la colonia Revolución en Chihuahua, donde se encontró una computadora con videos y audios considerados evidencia en contra de los supuestos asesinos de la periodista Miroslava Breach Velducea, cuyo homicidio sigue pendiente de aclarar”.

Informa la legisladora que al ser cuestionado el fiscal Peniche Espejel sobre esta irregularidad “se limitó a contestar que el gobernador Corral sí acudió al cateo, pero no participó ni intervino en el mismo”.

También dijo Torres Hernández que “lamenta que tengan que ser instancias internacionales las que denuncien y busquen justicia para la libertad de expresión en Chihuahua, ya que al cumplirse un año de los asesinatos de los periodistas Miroslava Breach Velducea y 15 meses del de Adrián Rodríguez, los crímenes continúan impunes; aparte que la corresponsal de Proceso Patricia Mayorga sigue en el exilio por la falta de garantías a su seguridad y cada vez hay más medios de comunicación que se encuentran al borde de la desaparición ante la violencia institucional que ejerce el gobierno estatal en su contra”.

Da a conocer que “ha presentado exhortos para que, a través del legislativo, el gobierno estatal atienda su obligación de garantizar los derechos humanos del gremio periodístico, investigue y castigue a los responsables de los crímenes contra comunicadores y que, sobre todo, respete la libertad de expresión, sin embargo, pareciera que no se han tomado en cuenta estos llamados por parte del Congreso dominado por el PAN”.

Torres Hernández, señaló que a causa de la falta de investigaciones exhaustivas y concluyentes ante los homicidios y agresiones hacia el gremio periodístico, este se encuentra vulnerado por el desinterés del gobernador Javier Corral de atender incluso las peticiones de los periodistas y sus familias, por lo que es lamentable que tengan que ser organizaciones internacionales como Artículo 19, las que busquen justicia para los comunicadores chihuahuenses.