cultura | 27 de Julio de 2018

90 por ciento de las personas entrevistadas rechaza que la Iglesia católica intervenga en política. Foto Edgar Lima

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Jessica Xantomila / La Jornada
Ciudad de México, 27 de julio.- Ante el pronuciamiento de la arquidiócesis de México de que temas como el aborto se discutan como parte del proceso de pacificación y el desarrollo social del país, además de las peticiones de grupos conservadores, como CitizenGo, de que la ex ministra Olga Sánchez Cordero no sea titular de la Secretaría de Gobernación porque apoya estos temas, organizaciones civiles resaltaron que la interrupción legal del embarazo es un derecho de las mujeres que no necesita de una consulta pública.

Católicas por el Derecho a Decidir señaló que, de acuerdo con varias encuestas, 80 por ciento de la población católica mexicana no está de acuerdo con las posiciones que enarbola la ultraderecha ni la jerarquía eclesiástica. Por el contrario, está en favor de que las mujeres puedan interrumpir un embarazo ante determinadas circunstancias.

Asimismo, 90 por ciento de las personas entrevistadas quiere que se impartan cursos de educación sexual en las escuelas, que se informe a sus hijos acerca del aborto y sobre el uso de todos los métodos anticonceptivos.

Además, en igual porcentaje, rechaza que la Iglesia católica intervenga en política.

María Consuelo Mejía, directora de Católicas por el Derecho a Decidir, manidfestó que México es un Estado laico "y es muy importante fortalecer el planteamiento de que no tiene por qué haber ninguna injerencia de creencias católicas en la gestión de políticas públicas".

Solicitó a la Iglesia que haya apertura para escuchar las realidades concretas de las mujeres que se ven obligadas a enfrentar la situación de violencia cotidiana.

Lourdes Enriquez, de la Federación Mexicana de Universitarias, llamó a arropar, desde la sociedad civil, a la ex ministra Sánchez Cordero para evitar que los grupos conservadores intenten imponer su voluntad.

Señaló que la interrupción legal del embarazo es un problema de salud pública y de justicia social. Puntualizó que de 2000 a 2017 al menos 3 mil 900 mujeres han sido acusadas y procesadas por aborto.

Gabriela Gutiérrez Mendoza, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México, manifestó que la postura de la Iglesia divide a la sociedad en relación con temas como la interrupción legal del embarazo o la figura de voluntad anticipada.

"Cuando hablamos de temas de derechos humanos estamos hablando de aquello a lo cual pueden tener acceso para una mejor calidad de vida, los cuales no tendrían por qué ser cuestionados o regulados por principios religiosos."

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