Baja California | 27 de Marzo de 2015

Autoridades federales del trabajo detectaron una serie de irregularidades en los campos agrícolas de San Quintín, como el uso de pesticidas sin protección
Autoridades federales del trabajo detectaron una serie de irregularidades en los campos agrícolas de San Quintín, como el uso de pesticidas sin protección Foto Roberto Armocida

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Javier Cruz Aguirre

San Quintín, 27 de marzo de 2015.- Baja California está pagando en San Quintín las consecuencias de los muchos años de abandono a las campañas permanentes de inspección laboral al sector agrícola empresarial.

Por eso al gobierno de la entidad le corresponde resolver el conflicto social y económico que surge por el paro laboral de los trabajadores agrícolas, ya que el problema se derivó directamente del atraso que hay en la verificación de las condiciones generales de trabajo de los 373 ranchos que existen en la zona.

Lo anterior forma parte de un informe de la Dirección General de Delegaciones Federales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social respecto a los resultados de tres operativos de inspección que personal de la dependencia realizó en San Quintín de septiembre de 2014 a febrero de este año.

En el documento, al cual tuvo acceso La Jornada Baja California, detalla: "Aquí (San Quintín), como las extensiones de tierra son muy grandes, se descuidó por muchos años la vigilancia. Nosotros (la autoridad laboral federal) hemos sido los primeros que acudimos, pero haber dejado tanto tiempo el trabajo de inspección tiene sus consecuencias".

Entre las anomalías que los inspectores federales encontraron en 24 ranchos auditados en San Quintín destaca el uso de pesticidas sin el adecuado protocolo de protección a la salud de los fumigadores, en su mayoría jornaleros indígenas.

En estos casos la Secretaría del Trabajo dictó acuerdos de limitación de accesos de personas a los campos contaminados y suspensión de actividades hasta que la empresa resuelva la anomalía.

Los inspectores también encontraron en los ranchos a menores de edad permitida para trabajar (15 años en adelante), "pero se les tutela para que no se dañe su organismo".

El resto de las irregularidades se clasificaron en dos grandes grupos el de los empresarios formales, que sí cumplen con la normatividad laboral federal (seguridad, salud, capacitación e higiene) y que son aproximadamente 300, y los informales, que no cumplen con la norma y representan alrededor de 73 empresas.

El informe destaca que sí hay respuesta de los rancheros a las sanciones que impuso la dependencia, pero "a muchos de los empresarios les falta información porque como nunca antes nadie había ido a sus ranchos, desconocía la normatividad. Creemos que todos empiezan en la informalidad".

El texto justifica el abandono en que se encontró en San Quintín bajo el argumento de que tiene una extensión territorial muy amplia.

"Una inspección motiva la ocupación de tres días de entre siete y 10 inspectores. Es difícil el cumplimiento del trabajo además por las condiciones climatológicas de la zona. Hemos pedido el uso de helicópteros y otros medios de movilización pero a veces no nos da todo lo que quisiéramos en eficiencia de nuestro trabajo".

Finalmente, al referir la crisis laboral en el valle de San Quintín, destaca que "este problema le compete directamente al estado atenderlo por tratarse de sus facultades en el sector (condiciones generales de trabajo, organización sindical y registro de sindicatos). Nosotros simplemente coadyuvamos con ellos para atender conjuntamente la emergencia, pero el vocero en el tema es el gobernador del estado (Francisco Vega de Lamadrid). Nosotros vamos a esperar los acuerdos que se logren para estar al pendiente de las acciones que podamos realizar de manera conjunta".