Baja California | 25 de Febrero de 2018

El presidente del IEEBC, Clemente Custodio Ramos, y el magistrado José Luis Vargas Valdez, en la inauguración del Diplomado en Derecho Electoral auspiciado por distintos organismos electorales y la UABC. Foto Mireya Cuéllar / La Jornada Baja California

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Mireya Cuéllar, La Jornada Baja California

Tijuana, 25 de febrero.- El Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) van a tener durante este proceso una relación de “tensión” hasta cierto punto “natural” porque si bien hay una autonomía de quién organiza las elecciones, debe respetarse la función de quién supervisa que los procesos se den con apego a la Constitución y la legislación respectiva, señaló el magistrado José Luis Vargas Valdez durante su participación en el Diplomado en Derecho Electoral.

Al comentar el diferendo que tuvo el TEPJF con el INE por la intención de este último de modificar el proceso de conteo de los votos para “ganar” 2 o 3 horas al cómputo y poder dar los resultados de la elección presidencial a las 11 de la noche del primero de julio, señaló que a los magistrados les compete “la certeza de los resultados” y “en ningún lado la ley dice que los resultados deben darse con prontitud”.

Explicó a los estudiosos del derecho electoral de Baja California que, a diferencia de los políticos, ser magistrado del TEPJF y en general juez electoral es una “función impopular” porque siempre, en el mejor de los casos, a un 50 por ciento de los involucrados en un litigio no les gustará lo que resuelvan.

Si para algo hay una regulación muy precisa en la legislación electoral es para contar los votos, producto –recordó- de la desconfianza, de los “traumas” de una sociedad que vivió “las urnas embarazadas, el ratón loco…” y que catapultó la legislación electoral, y la hizo en algunos casos, “un sistema paranoico por la falta de confianza entre unos y otros”.

No es un escenario descabellado, apuntó, que los resultados de la próxima elección sean muy cerrados, entonces “cualquier duda se debe poder solventar, acreditar documentalmente a través de las actas y el recuento de los votos… por ello debemos cuidar hasta la cadena de custodia de las urnas”.

El magistrado Vargas Valdez estuvo acompañado de la presidenta del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California, Elva Regina Jiménez, del Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja California, Clemente Custodio Ramos, y del director de la Facultad de Derecho de la UABC, donde se desarrolla el diplomado.

Como el Tribunal solo interviene a petición de parte, Vargas Valdez habló de resoluciones específicas y no quiso comentar lo relacionado con los debates y la precampaña porque el caso está sin resolver, y si opina, después tendría que excusarse de verlo. De lo que sí hablo fue de las precampañas y la “simulación” que generaron los spots que tienen molesta a la población por “la saturación”.

Los legisladores, consideró, deberán revisar la situación en una próxima reforma porque las precampañas se convirtieron en “una promoción anticipada” “una clara simulación” ¿Si son actos de precampaña, por qué el legislador les dio el derecho de tener cobertura en pautas de carácter nacional? Uno pensaría que sería de otra manera, con debates internos con los militantes, con trípticos, algo enfocado, y “digo que es una simulación por las letras chiquitas con la leyenda de que está dirigido a los militantes”.

Quien fuera también titular de la Fiscalía de Delitos Electorales fue interrogado sobre el papel que juegan las autoridades electorales en disputas como la de la Secretaría de Hacienda y el gobernador de Chihuahua, donde presuntamente hay desvíos a partidos políticos.

“El caso lo conozco por los medios, pero le puedo decir que en materia electoral las cuestiones que tienen que ver con lo penal-electoral no son revisadas por el Tribunal y entonces ahí hay un problema porque los jueces de lo penal miran con ojos de delito, pero no con perspectiva de derecho electoral, debería haber una conexión para que la jurisdicción electoral conociera esos temas porque afectan al sistema democrático y al sistema de partidos”.