Baja California | 24 de Marzo de 2019

Notificación intimidatoria, sin logotipos, sellos ni validez alguna. Uno entre más de 5 mil casos. Foto Ángel Ramírez

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Ángel Ramírez

Tijuana, 24 de marzo.- Fue el miedo la principal razón por la que una familia accedió a entregar su vivienda a la empresa OBR Group, después de ser notificada, por medio de papeles sin sustento legal, de que debían desalojar su casa de manera inmediata.

La familia Díaz Gutiérrez narró cómo comenzaron los hechos que derivaron en la entrega de las llaves de su casa.

Narra Zulema que en octubre de 2018 recibieron una hoja, donde requerían que desalojaran la vivienda. Al ver el domicilio anotado, le llamó la atención que correspondía con su casa, sin embargo el número de crédito de Infonavit no coincidía con el de su esposo.

Por tanto, “le dije (a quien entregó el requerimiento) que se equivocaron, que mi edificio era el número 2, y que enfrente estaba otro edificio, con el mismo número pero como edificio 1. El mensajero le pidió que llevara el documento a la dirección a la que correspondía y ella accedió.

Tiempo después, se presentó una mujer a notificarle que su departamento ya estaba vendido y para sorpresa de Zulema, le dio dos semanas para que ella y su familia salieran.

Tanto el mensajero como la mujer se presentaron de parte de la empresa Provive, dedicada a la compra y venta de casas adjudicadas. Le ofrecieron la cantidad de $2,500 pesos como apoyo para pagar el primer mes de renta del lugar a donde se mudaran.

Zulema acudió de inmediato, junto con su esposo, Francisco, a las oficinas del Infonavit, donde los atendió una persona de nombre Melissa, quien les informó que el crédito de su marido había sido cancelado desde 2015. Francisco explicó que el Infonavit jamás había enviado documentos alguno o planteado problemas y alguna posible solución.

Zulema le comentó entonces que les habían notificados que debían dejar la casa y Melissa le dio un número para que localizara a una persona de nombre Osvaldo, quien les recogería las llaves.

En tanto corrían los sucesos, poco a poco habían sacando sus pertenencias del departamento, en el que vivían desde 2010.

Durante ese tiempo, en el trato que tuvieron con los supuestos compradores, Zulema, madre de dos pequeños, fue amable con los representantes de OBR, esperando que no obraran con la violencia de que tenía conocimiento, a través de videos de Facebook.

Al encontrarse con Osvaldo, a quien entregaría las llaves del departamento, éste se presentó como personal del Grupo OBR, que adquirió viviendas en “paquete” por parte del Infonavit.

Entonces comenzaron las dudas, ya que el Infonavit le había comentado a Zulema que la vivienda la adquirió Provive, y luego cambió la versión a que fue OBR.

“Le dije al señor Osvaldo que ya habíamos terminado de sacar nuestras cosas y que le entregábamos las llaves. No quería que me metieran a la cárcel por estar en una casa que no es mía, porque la hoja dice que es un delito y que íbamos a ser entregados a las autoridades correspondientes”.

Osvaldo recibió las llaves, sacó de su cartera $2,500 pesos y se los entregó, sin firmar algún papel y diciendo “me dijeron que te diera esto.”

La familia se fue a vivir con la tía de Zulema a partir de noviembre.

El 14 de febrero vio, a través de Facebook, un video del periodista Alfredo Álvarez, donde explica que hay más casos como el de Zulema y  un total de 5 mil 204 casos de viviendas adjudicadas.

Sospechó que ella y su familia fueron víctimas de fraude, por lo cual se pusieron en contacto con el abogado Artemio Vázquez y éste los comenzó a asesorar.

La hermana de Zulema, vecina del Fraccionamiento donde vivían, le comentó que su casa está a punto de ser entregada. Ane esa información, el 16 de febrero pasado, Artemio Vázquez le sugirió ocupar la casa de inmediato, y lo hizo.

Acompañada por un oficial de la policía municipal, Zulema llegó al domicilio de la que fue su casa y dentro se encontraban un par de trabajadores.

El policía ya contaba con la identificación de Zulema, recibos que acreditaban que ese era su domicilio, y pidió salir a los trabajadores, quienes se negaron, aduciendo que el departamento era propiedad de Grupo OBR.

Uno de ellos se comunicó con quien se presentó, 40 minutos más tarde, como la “arquitecta Liliana”, sin documentos, sólo su palabra de que ese era su domicilio.

Con ella llegaron 3 personas más. El oficial, al no contar con facultades para actuar, remitió el caso a la delegación La Mesa, donde la juez optó por darle la razón a Zulema.

Al regresar esa misma tarde al domicilio, la hermana de Zulema quien se había quedado dentro de la casa avisó que estaba ahí una señora gritando “¡policía, esta es mi casa!”.

El oficial que iba con Zulema le hizo la observación de que se le esperaba con el juez delegacional, pero no se presentaron. La señora, quien llegó con escrituras, en tono amenazante dijo “ni te molestes en meter muebles”. Con ella iba un abogado, quien dijo a Zulema: “no sé qué está pasando aquí. A mí me dijeron que viniera para acá y pues… si es su casa, no se salga”.

Por ello, desde este 16 de febrero, la familia Díaz Gutiérrez vive de nuevo en el domicilio que les habían tratado de quitar.

El proceso

Artemio Vázquez, quien lleva el proceso de más de 50 familias y ha brindado asesoría en más de 200 casos, explicó cómo se da el proceso de recuperación de la propiedad.

Promovió un juicio de amparo, demandando al Registro Público de la Propiedad (RPP), para que responda por qué escrituró propiedades adjudicadas.

El RPP argumentó que lo hizo a petición de un notario de Texcoco, en Estado de México. Éste, cuestionado por la autoridad respecto a su proceder, al notariar escrituras de propiedades en Baja California, respondió que fue por petición de la Juez Quinto de lo Civil, María del Rosario Plascencia.

La juez, cuestionada al respecto, respondió que lo hizo a petición del RPP.

Plascencia, según Artemio Vázquez, debió informar a los deudores, que son los dueños de las casas, y al actuar sin la presencia de estos, fue arbitraria y negó el derecho a una legítima defensa del caso.

Como parte de la petición de amparo, el licenciado Vázquez refiere que ante la decisión judicial sobre un asunto que no precisa sentencia, todos los trámites deben cancelarse, porque además carecen de firmas y/o nombres de secretarios.

Hasta ahora, el abogado ha logrado restituir la propiedad a más de 25 familias, aunque falta mucho trabajo, dice, porque son más de 5,204 casos.

El Infonavit reconoce que hay un problema al interior del instituto.

En días pasados el director sectorial de los trabajadores del Infonavit, Mario Macías Robles, afirmó que es evidente que existe un fraude procesal al interior del Instituto, en el caso de casas adjudicadas irregularmente, en contubernio entre el Poder Judicial y algunos despachos de cobranza.

Macías Robles dijo que se ha dado a la tarea de revisar el modelo de cobranza de la institución, por lo cual “no podemos permitir el abuso en los despachos, cuando éstos se están adjudicando de viviendas ya pagadas, excediéndose en sus funciones”.

Luis Moreno, diputado de Transformemos, presentó en días pasados, ante el Congreso del Estado, una solicitud para crear una comisión investigadora de este caso, lo cual aprobó el pleno.

El legislador argumentó las denuncias en las que presuntamente están involucrados jueces, notarios públicos e inmobiliarias, a quienes los denunciantes señalan de ser partícipes claves de estos actos ilegales.

De tal manera, con el voto calificado de la totalidad de las fuerzas políticas, se aprobó el dictamen de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) para instalar un órgano parlamentario que investigue y llame a comparecer a los funcionarios públicos involucrados en lo que se presume es un fraude en la adjudicación de dichas viviendas.

Moreno Hernández dijo que todo indicaba que las operaciones vienen desde la oficina de Infonavit, durante la administración de Enrique Peña Nieto, en este caso, el titular era Alejandro Murat, actual gobernador de Oaxaca y en Baja California el titular era Alejandro Arregui Ibarra, quien en su momento renunció al Infonavit para postularse como senador en las pasadas elecciones de 2018 y que actualmente funge como diputado del PRI por el distrito 15 de Ensenada.

Por lo pronto, los desalojos están suspendidos hasta que se genere un nuevo esquema en el sistema de cobranza, para evitar cualquier atropello como el que sufrió la familia DÍaz Gutiérrez.

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