Baja California | 24 de Marzo de 2018

Durante los próximos 37 años, todos los ingresos de la CESPT serán para pagar a la desaladora y además, el impuesto sobre la nómina o cualquier recurso se usarán para ese fin. Foto Roberto Córdova-Leyva

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Mireya Cuéllar

Tijuana, 24 de marzo.- Aunque se litiga en un juzgado civil la posesión accionaria de la empresa que ganó la concesión de la APP y la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió un recurso contra el procedimiento usado en el Congreso para convertir al gobierno estatal en deudor solidario, el gobernador Francisco Vega de Lamadrid y el delegado de la Semarnat, Alfonso Blancafort, colocaron la primera piedra de lo que será la desaladora más grande de América Latina, y de la que Blackrock, el líder mundial en gestión de inversiones con sede en Nueva York, tiene el 55 por ciento de las acciones con opción para ampliar su participación hasta el 65 por ciento del total.

La empresa que ganó la concesión para construir y operar la desaladora de Rosarito –municipio conurbado a Tijuana-, anunció la reventa al gestor Blackrock apenas el 7 de marzo pasado, a través de un comunicado de prensa que Consolidated Water Co. Ltd emitió desde su sede en Islas Caimán, en el que aclaró que el acuerdo al que llegó solo le obliga a retener el 25 por ciento de las acciones.  

“Hay muchos bancos dispuestos a financiar el proyecto” de construcción y operación de la planta -que producirá 4.4 metros cúbicos de agua por segundo y permitirá que Tijuana deje de depender del Río Colorado para su abasto-, informó Alex Hinojosa, director general del Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN o NAD-BANK) –creado por los gobiernos de México y Estados Unidos a raíz del TLC para apalancar obras de infraestructura en la frontera-, quien precisó que la institución al final solo participará como “asesor financiero” del proyecto.   

Aunque los reportes públicos del banco eran en el sentido de que aportaría 100 millones de dólares -incluso hace un mes estuvo en Tijuana uno de sus directivos, quien dijo que se haría una consulta púbiica sobre la pertinencia de la obra- en una entrevista, al final de la ceremonia de colocación de la primera piedra, Hinojosa señaló: “No estamos ahorita programados para financiar; tenemos un consorcio de otros bancos que sí lo harán… el proyecto está sobresuscrito, es decir hay más dinero de otros bancos”. La construcción de la desaladora durará 36 meses y requerirá una inversión de casi 10 mil millones de pesos.

¿Qué es eso de sobresuscrito?

-Los bancos dicen yo puedo apoyar con tanto, y si sumas; ya es más de lo que se requiere.

El gobierno de Baja California garantizó a los inversionistas el pago de 149 millones 312 mil 18 pesos mensuales durante 37 años, al final de los cuales la desaladora pasará a manos del Estado, y los bajacalifornianos  habrán pagado alrededor de 76 mil 740 millones de pesos. El estado le comprará toda el agua desalada a Aguas de Rosarito SAPI de C.V. (la última razón social que usaron para referirse a los dueños de la desaladora), y la venderá a su vez –usando toda la infraestructura de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT)- a los usuarios domésticos, comerciales e industriales, a manera de intermediario.

Durante los próximos 37 años todos los ingresos de la CESPT serán para pagar a la desaladora y además, para poder firmar la Asociación Publico Privada (APP) que respalda la obra, el Congreso aprobó que durante ese número de años se embargue como “fuente alterna de pago” el impuesto sobre nómina que se cobra en el estado y/o que se eche mano de cualquier otro ingreso –incluyendo remanentes de participaciones federales- para hacer frente al compromiso con los inversionistas. Habrá un fideicomiso para ello.

La aprobación en el Congreso de la APP estuvo muy accidentada, no solo porque los grupos opositores como Mexicali Resiste hicieron guardia a los diputados en el recinto parlamentario intentando evitar la aprobación del ya famoso dictamen 95, sino porque como se requería mayoría calificada, los panistas dieron “albazo”. Convocaron una sesión extraordinaria para el pasado primero de diciembre con media hora de anticipación para que no alcanzaran a llegar quienes se oponían al dictamen, y con la ayuda del PRD, lo aprobaron. Ese procedimiento está impugnado ante la Corte por 9 diputados de la legislatura de Baja California.

Miltón Rubio Díaz, director general de NSC Agua S.A. de C.V. (la razón social que se usó para adjudicarse la concesión de la Asociación Público Privada)  y a quien en Tijuana se identifica como un publirrelacionista, y no como empresario, ha sido la cara publica de la empresa Consolidated Water Co. Ltd., ubicada en Islas Caimán, matriz de NSC Agua. Tomó la palabra durante la colocación de la piedra para decir que se usará la tecnología más moderna.

Después, en una entrevista, preciso que para financiar y operar la planta NSC Agua firmó un acuerdo con Blackrock, quien constituyo Greenfield SPV VII S.A.P.I. de C.V. (una sociedad vehículo del proyecto). El pasado 7 de marzo Consolidated Water Co. Ltd identificó en un comunicado de prensa  - firmado en George Town, su sede en Islas Caimán- a “Greenfield” como quien había adquirido el 55 por ciento de Aguas de Rosarito SAPI de CV, anunció que solo se quedaría con el 25 por ciento de las acciones de la empresa que pujo originalmente por la licitación de la desaladora y que había puesto a disposición de Suez Internacional (la empresa francesa que construirá la planta) el otro 20 por ciento de las acciones.

Si Suez Internacional no ejerce esta opción, NSC Agua retendrá el 35 por ciento del capital de Aguas de Rosarito y Greenfield adquirirá el 65 por ciento restante. Así, la empresa a la que los políticos panistas de Baja California le otorgaron la concesión, la revendieron antes de que se colocara la primera piedra.

En Baja California hay muchas dudas sobre quién es el propietario de la empresa que ganó la licitación para construir y operar la planta desaladora de Rosarito por la que los tijuanenes pagarán durante 37 años. Sin embargo a raíz de varias pesquisas periodísticas se ha ido armando un rompecabezas. Este viernes el semanario ZETA da cuenta de un juicio civil iniciado por uno de los socios originales de NSC Agua.

Gough Thompson, socio de EWG Water LLC –uno de los socios originales, quien asegura que él hizo todo el proyecto- promovió un litigio en el juzgado Décimo civil especializado en materia mercantil porque “lo engañaron informándole que el proyecto no estaba avanzando, que era necesario invertir más dinero. Que sus acciones, el 25 por ciento de la sociedad, tenían un valor de 37 mil pesos, y que cuando decidió no invertir más, un paquete de acciones también del 25 por ciento, pero a nombre de Alejandro de la Vega Valladolid, fue comprado por Cosolidated Water en poco más de un millón de dólares”, refiere el semanario.

Thomson acusa a Consolidated Water de haberle pagado a De la Vega 1.3 millones de dólares por su 25 por ciento de las acciones, mientras que las suyas han ido siendo “pulverizadas”, de tal manera que ya iba solo en el 10 por ciento “y hoy en día en menos del 1 por ciento”. De la Vega Valladolid era el único empresario bajacaliforniano involucrado en la desaladora. A mediados del año pasado, cuando La Jornada Baja California indagaba el mismo tema, contacto a su abogado, quien confirmó que el empresario había vendido su parte de ese proyecto y que no estaba autorizado para hablar de montos. Thomson litigó ya un juicio en Estados Unidos y consiguió que presentaran el contrato con De la Vega.