diputados federales | 23 de Agosto de 2019

Mujeres, en la marcha del Frente Auténtico del Campo. Foto Luis Castillo / La Jornada

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Redacción

Ciudad de México, 23 de agosto.- Las mujeres en el campo sufren asesinatos, discriminación y desigualdad, aseguró la diputada Wendy Briceño Zuloaga, presidente de la Comisión de Igualdad de Género, al señalar que el Estado debe emplear toda su fuerza para atender la violencia en el campo, vinculada al crimen organizado.

Durante el foro “Desarrollo Rural e Igualdad de Género”, enfatizó que todos los ámbitos y poderes de gobierno deben enfrentar la inseguridad, sin negarla, asumir responsabilidades y revisar las leyes municipales y estatales, que tienen 50 años sin actualizar, en las cuales prevalecen conceptos de exclusión y marginación a la mujer, sin reconocer su contribución a la producción de alimentos.

Tales legislaciones, añadió, tampoco responden a la nueva realidad social, económica y política que viven campesinas e indígenas, quienes están en pobreza en 62.1 por ciento de los casos.

A pesar de que 42.2 por ciento de ellas son beneficiarias de 63 programas rurales, éstos han tenido efectos negativos, porque se reproducen roles de género tradicionales, que las colocan como objetos y no sujetos de desarrollo, además de que se diseñaron como prácticas clientelares que es necesario erradicar.

Debe garantizarse en la práctica la seguridad jurídica, igualdad, inclusión integral y propiedad de la tierra, porque sólo al 26 por ciento son dueñas.

Planteó la necesidad de superar el doble reto de desestructurar el modelo patriarcal y que las comunidades autóctonas incluyan a las mujeres en la toma de decisiones, en sus usos y costumbres.

Es indispensable, aseveró, empoderarlas económicamente, ante la migración de varones, porque el 26.7 por ciento de ellas son jefas de familia, lo que agudiza la pobreza alimentaria, de capacidades y patrimonial.

Además se deben asignar mejores presupuestos; hacer funcionales las alertas de protección; eliminar el lenguaje sexista, la división sexual del trabajo y la triple jornada laboral, sin remuneración, y que hombres y mujeres sean responsables de los cuidados de la familia y quehaceres domésticos en igualdad de circunstancias.

Este momento histórico, planteó, implica el gran reto y compromiso de replantear, en el agro nacional, formas de vida y producción rurales, mediante la participación de hombres y mujeres en una visión de igualdad con desarrollo sostenible que proteja el medio ambiente.

México, dijo, tiene grandes asuntos pendientes con las mujeres, que viven una violencia diferente a la que afecta a los varones, porque se manifiesta en agresiones sexuales y feminicidios.

El Estado debe atenderlos con toda la responsabilidad, además de establecer la tipificación única del feminicidio en el ámbito nacional, para avanzar en la protección de sus derechos humanos.

En su participación, la directora de Difusión y Publicaciones del Instituto Belisario Domínguez, Patricia Patiño Fierro, aclaró que no se trata de hacer juicios de valor donde las mujeres sean las buenas y los hombres los malos, sino poner el conocimiento en el centro del debate.

“Por desgracia –expuso– vivimos en una cultura patriarcal que ha derivado en un machismo y misoginia que atenta contra la vida de las mujeres”, en la que persisten notorias brechas de género y múltiples obstáculos para el ejercicio de los derechos de las mujeres.

Esto incluye, señaló, “desde formas muy sublimes, de las que a veces nos reímos y avalamos, hasta expresiones atroces de violencia, como el abuso sexual y el feminicidio”.

Pidió no dejar de lado las experiencias que tienen las asociaciones encargadas de refugios para mujeres víctimas de violencia y recordó que entre las propuestas que se acordaron en este foro está la realización de una mesa de trabajo para el análisis de la Ley Agraria y verificar que tenga perspectiva de género.

Otras fueron vigilar que los recursos y capacitación que partidos políticos destinan a mujeres no disminuya, así como una reunión de trabajo para que se considere la salud de las mujeres en el nuevo sistema que impulsa el gobierno actual.

Ada García Cortés, directora de Capacitación de la Procuraduría Agraria, señaló que la desigualdad y discriminación se da en todas las capas de la sociedad, más allá de clases sociales, por lo cual “tenemos que luchar contra esa cultura que está arraigada en hombres y mujeres”.

Pidió tolerancia hacia los usos y costumbres, pero firmeza cuando se afecten los derechos humanos de las mujeres, y llamó a impulsar organizaciones fuertes y críticas.

“Vienen las reformas a la Ley Agraria –anticipó– y quiero ver que las injusticias queden subsanadas. Una vez que esté listo el cambio, tengamos la fuerza para hacerlo sustantivo, lo defendamos en la práctica y no quede sólo en lo escrito”.