Baja California | 23 de Agosto de 2019

Escobedo Carignac, planteó que el desarrollo implica justicia. Foto Cortesía

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La Jornada BC

Tijuana, 23 de agosto.- “No podemos tener proyectada una desaladora en Rosarito en tanto que este municipio tiene setenta colonias sin agua”, dijo el propuesto Secretario de Economía sustentable, Mario Escobedo Carignan, invitado a la instalación de Comisión de Desarrollo Económico y Comercio Internacional del Congreso local y que presidirá el diputado del PBC Rodrígo Otañez.

Baja California, dijo, tiene un crecimiento económico importante, comparado con el resto del país, “pero tenemos grandes retos y, a partir de allí (debemos) ver cómo detonar el desarrollo económico con el desarrollo social”.

Agregó que “no podemos tener la actividad agropecuaria tan exitosa, tan competitiva a nivel internacional, como la que tenemos en San Quintín, y que el poblado no tenga agua y el índice de cáncer en infantes sea el más elevado de todo el país en San Quintín; no podemos tener el crecimiento económico que tenemos en la ciudad de Mexicali y tener la ciudad más contaminada de México y del mundo”.

Aseguró que tiene plena confianza de que los presentes tienen consciencia de “los grandes retos que tenemos como Estado y las grandes oportunidades que se presentarán” para Baja California.

“Creo –agregó– que se están alineando los planetas para que Baja California despegue de su retraso. Uno por el cambio de régimen a nivel nacional y una administración que pregunta: ¿qué necesita BC para crear un muro de oportunidades?”.

Consideró que el nuevo gobierno está consciente de cuáles son los retos y que no se conformará con que Baja California sea el estado con mayor crecimiento en la Zona Norte del país, sino se debe reconocer cuál es el potencial y, “a partir de allí, ir trabajando juntos” para detonar el desarrollo.

 “Creemos –aseveró– que esos son los grandes retos para nosotros y, como nuevo gobierno tendremos que generar las condiciones de desarrollo propias para que podamos elevar la condición de vida de los bajacalifornianos”.

Las políticas públicas indicó, deben emanar “del Estado, la Federación, los municipios, trabajo que hagamos juntos, que no se vea reflejado en el bolsillo de los bajacalifornianos, no podremos estar contentos y decir que hemos cumplido nuestra misión”.

Se tomó un tiempo para externar su opinión respecto a los “autos chocolate”; dijo que el punto número uno es que los vehículos irregulares que circulan en Baja California tienen que ver con la seguridad pública; en segundo lugar, con el medio ambiente, por ser altamente contaminantes; además, la mayoría tienen que ver con la competencia desleal para el comercio que obra en regla.

“Ese es el orden en el que vemos el problema de autos chocolate desde nuestro ámbito de competencia, y creo que es a partir de allí que tenemos que buscar cómo lograr un programa de regularización que cubra las expectativas, pero no siga la internación irregular de autos”.

Consideró peligroso implementar un programa integral de regularización de estos autos, ya que “al conseguir la regularización, por ejemplo, de 100 mil autos, al año siguiente los seudo líderes que lucran con estas unidades irregulares, promueven que entren otros tantos y no acabamos.

“Estamos en pláticas con el SAT, con el Gobierno de California, para intercambiar bases de datos, porque muchos de estos vehículos son comprados en remates y los cruzan con placas sobrepuestas”.

Es posible “detectarlos en la línea, si tenemos la información del Departamento de Vehículos de Estados Unidos para identificar su origen y procedencia”. Por ello “estamos estudiando las formas de resolver este problema”, precisó.

Planteó con firmeza, “lo que sí no tiene vuelta de hoja es que hay un compromiso del presidente de la República y del gobernador electo que, si bien es cierto que hay usos y costumbres en esta región, por la población que reside en el sur de California y viaja a Baja California, en una interacción muy dinámica, tenemos que ver cómo inhibir la permanencia de unidades sin importar”.

Aseguró que un programa para regularizar “autos chocolate”, permitirá detener unidades internadas de manera ilegal, y podrá dar oportunidad a sus dueños de que los importen, entonces, si actuamos estaremos aplicando la ley, pero también dando la oportunidad de que los ciudadanos regularicen un patrimonio familiar.

Propuso una solución integral en este asunto, en la que incluye cambios en la legislación en materia ambiental “porque el vehículo que contamina por arriba de los niveles permitidos debe de ser confiscado por la autoridad, tanto estatal como federal. Todo esto debe de generar este grupo de trabajo y concientizarnos”.