Baja California | 23 de Mayo de 2019

María pasó 5 meses en la cárcel porque su ex pareja la acusó de robo a casa habitación cuando recuperaba sus pertenencias; la encarcelaron cuando ya no estaba incluido en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa; la imagen es parte de la exposición "Retratos iluminados", de Alejandra Phelts. Foto Mireya Cuéllar / archivo La Jornada Baja California

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Fabiola Solano Arámburo 

Tijuana, 23 de mayo.- Una empresa de mudanza se encargó de sacar los muebles, ropa y demás pertenencias de María y de sus tres hijos de la casa que compartió con su ex pareja, de quien decidió separarse por golpearla y consumir heroína.

En la inmueble donde vivieron la pareja y los hijos de cada uno quedaron pocas cosas pues la mayoría lo había comprado ella al igual que se encargó durante una larga temporada de pagar por la comida, los servicios y el alquiler.

Al cabo de dos años de la ruptura, María no había vuelto a ver a su ex pareja, sus tres tiendas prosperaban y a la par trabajaba como bartender en Estados Unidos; a Tijuana iba solo para ver a sus hijos y surtir sus negocios. Fue durante una de sus visitas que la mujer fue arrestada con motivo de haber sido acusada del delito de robo a casa habitación por su ex cónyuge.

La evidencia en su contra eran unos videos que nunca fueron presentados a María o a su abogado pero que en criterio del juez fueron elementos suficientes para aplicar prisión preventiva a la mujer que fue llevada al Cereso Tijuana, donde actualmente ha 274 mujeres encarceladas.

La mujer pasó cinco meses en la cárcel a pesar de que para 2015, cuando se realizó la denuncia en su contra el robo a casa habitación ya no estaba incluido en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa en el Código Penal.

Sobre su experiencia en la cárcel María relata: “Fue muy triste estar en un lugar así cuando no habías hecho absolutamente nada; mi único error fue pensar que podía encontrar la felicidad y me equivoqué", y agrega: “eligieron el delito perfecto para no encontrar una solución tan fácil y no la he encontrado todavía”.

“Tenía cambios de temperamento drásticos. Un día le pegó a su hija, me metí y ahí recibí mi primer golpe, a las dos semanas recibí otro”, recuerda María sobre su experiencia en pareja.

Desoyen testimonios de violencia
En este caso el testimonio sobre violencia contra la mujer no fue determinante para que el juez dictara otra sentencia, lo que le pasó al 47 por ciento de las mujeres involucradas en un juicio en los últimos tres años, según el análisis "Misoginia Judicial" de Equis: Justicia para las Mujeres.

El estudio también revela que en 100 de las 110 sentencias analizadas debió utilizarse la Perspectiva de Género (PEG) para llegar a una resolución que protegiera mejor a los individuos involucrados. En el 70 por ciento de los casos la evidencia producida por las partes no fue analizada utilizando ese criterio.

Sobre el caso de María, su abogado Emmanuel Farías, presidente del colectivo Ciudadanos en Búsqueda de la Dignidad comenta: “Esta señora relata que deja de vivir con su pareja, va a su casa a recuperar sus cosas y él con este sentimiento de odio e ira es que decide denunciarla por el robo a casa habitación cuando realmente no había material probatorio. Desde la detención comentamos que fue ilegal, realmente la prisión preventiva no se debió decretar y no debió estar sujeta a un proceso”.

A pesar de que se encuentra estipulado en la Constitución y de que México se comprometió a través de diversos tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés) a proteger a las mujeres, según el estudio mencionado, en 79 por ciento de los casos no se aplicaron los estándares para proteger sus derechos humanos.

Motivos de cárcel
A los Ceresos de Baja California han ingresado este año 259 mujeres, 26 por ciento de ellas por cometer el delito de robo; le sigue el narcomenudeo con 23 por ciento; luego robo de vehículo con un 13 por ciento, y un 11 por ciento corresponde a allanamiento de morada, siendo estos cuatro los delitos principales cometidos por este sector de la población en el estado. En total, 534 mujeres están presas en la entidad.

El análisis de las sentencias emitidas en los últimos tres años encontró que en el 64 por ciento de los casos no se identificaron los derechos en conflicto por no incorporar la perspectiva de género y no tomar en cuenta las afectaciones a los derechos humanos.

Luego de buscar asesoría de distintos abogados y pagar una fianza de 50 mil pesos, lo que conllevó a que perdiera dos de sus tiendas, María salió de prisión bajo medidas cautelares y está llevando a cabo su proceso fuera de la cárcel sin que a la fecha haya recuperado su libertad por completo pues debe presentarse a firmar en el Cereso cada miércoles. 

“Moralmente te destruye mucho, aparte de que sufrí agresiones físicas, agresiones de palabras y pasé un procedimiento que no tenía que pasar porque soy inocente, tengo que esforzarme mucho más porque estoy bajo un proceso legal y eso me cierra muchas puertas”, lamentó la mujer.

A pesar de los esfuerzos para que los jueces en el país juzguen con perspectiva de género, casos como el de María muestran la cruda realidad a la que enfrentan las mujeres en México. Datos como los arrojados por el análisis “Misoginia Judicial”  revelan que la aplicación de justicia en condiciones de equidad y sin discriminación en el país continúa siendo una ilusión.