Chihuahua | 23 de Marzo de 2019

Este sábado se cumplen dos años del asesinato de Miroslava Breach, corresponsal de ‘La Jornada’ en el estado. Foto Jesús Villaseca / La Jornada

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Jesús Estrada / La Jornada

Chihuahua, Chih. 23 de marzo. Chihuahua es el estado de mayor riesgo en el país para los defensores de las garantías individuales, como lo prueba el hecho de que en los diez años recientes han sido asesinados 27 activistas, reveló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para México.

El organismo presentó este viernes el informe Políticas integrales de protección de personas defensoras de derechos humanos, en el que destaca, además, que el estado concentra 30 por ciento de las medidas de protección otorgadas por la CIDH.

La mayoría de los homicidios de activistas en Chihuahua permanecen impunes, además hay ausencia de acciones coordinadas entre autoridades y niveles de gobierno para garantizar una política integral de protección, revela el reporte.

Este sábado se cumplen dos años del asesinato de Miroslava Breach y este domingo cinco meses del crimen contra el ambientalista Julián Carrillo; son recordatorios muy fuertes de que en Chihuahua nos falta caminar mucho para garantizar la integridad de defensores de derechos humanos y periodistas, dijo Ricardo Neves, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, participante en la presentación del informe.

Jaime Vidal Melero, abogado y relator de la CIDH, expuso que los riesgos para los activistas han aumentado, pese a la legislación que existe en México para proteger a los defensores y el mecanismo de protección creado en 2012.

Explicó que el informe revela que la protección que otorgan las autoridades no es suficiente y el reto es crear políticas integrales basadas en un marco legal sólido, con recursos financieros y humanos suficientes, autonomía de los organismos de protección y protocolos acordes a cada caso y amenaza.

Dijo que la protección debe entenderse como obligación integral de las autoridades, que abarca no sólo conocer las amenazas y agresiones, sino investigarlas y prevenirlas, para lo cual Ministerios Públicos y fiscalías deben superar su visión reducida, dejar de ver la protección de defensores y periodistas sólo como la entrega de chalecos antibalas y botones de pánico.

Garance Tardieu Ziolkowski, oficial de programas de Amnistía Internacional México y quien también acompañó la presentación, confirmó que no hay una respuesta del gobierno federal y local a los riesgos que enfrentan los activistas, tampoco hay interés por crear una política integral de prevención y protección.

Recordó que en Chihuahua se han cometido homicidios de defensores de derechos humanos que supuestamente contaban con protección, como es el caso de los ambientalistas y defensores del bosque de la Sierra Tarahumara, Isidro Baldenegro y Julián Carrillo.

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