Baja California | 23 de Enero de 2018

El gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid Foto Roberto Armcida/Archivo La Jornada Baja California

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Antonio Heras, corresponsal La Jornada

Mexicali, 23 de enero.- La acción de inconstitucionalidad presentada por 11 diputados del Congreso de Baja California por el decreto 168 que permite al Gobierno de Baja California, entre otras obras de infraestructura, la construcción de dos plantas desaladoras de agua de mar fue admitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La admisión del recurso 2/2018 se hizo este martes 23 de enero para darle vista al Congreso del Estado y al Gobierno de Baja California como autoridades emisora y promulgadora de la norma controvertida, respectivamente, con el propósito que rindan un informe a la SCJN en un plazo de 15 días.

Los diputados de seis grupos parlamentarios y un legislador panista presentaron este recurso el 9 de enero ante la SCJN ante la aprobación del dictamen legislativa 95 que permite la realización de obras bajo el esquema de Asociaciones Público Privadas.

Para estos diputados el dictamen, publicado como decreto 168 en el Periódico Oficial del Estado, representa una carga financiera de 82 mil millones de pesos por la construcción de seis obras de infraestructura, cuya garantía de pago será la recaudación gubernamental durante 35 años del Impuesto Sobre el Producto del Trabajo.

La acción de inconstitucionalidad se centra en la decisión del Poder Legislativo de Baja California de declinar su responsabilidad de legislar y diseñar el Presupuesto de Egresos en cada ejercicio fiscal al comprometer ingresos anuales hasta el año 2053.

Los congresistas que presentaron la acción de inconstitucionalidad son Luis Moreno del PES, Jorge Eugenio Núñez del PBC, Claudia Agatón del PT, Catalino Zavala y Víctor Morán de MORENA y Bernardo Padilla, Alejandro Arregui, Marco Antonio Corona, Benjamín Gómez y Patricia Ríos del PRI.

El 1 de diciembre de 2017, el presidente del Congreso del Estado, Raúl Castañeda Pomposo, citó a sesión extraordinaria de manera abrupta y selectiva para garantizar la presencia de los 13 diputados y sus aliados para votar el dictamen que posibilitaría la participación de consorcios internacionales en la desalación de agua del Océano Pacífico para usuarios domiciliarios, comerciales e industriales de Tijuana, Rosarito y Tecate, a través de la empresa Aguas de Rosarito, que facturará 63 mil millones de pesos durante 35 años de usuarios o del ISPT recaudado por el gobierno estatal en seis administraciones.

En el informe solicitado, el Congreso local deberá anexar copia certificada de los antecedentes legislativos del decreto impugnado, mientras que el Poder Ejecutivo del Estado deberá exhibir un ejemplar del Periódico Oficial donde conste su publicación. En caso que se incumpla con la petición “se les aplicará una multa. Dese vista a la Procuraduría General de la República para que antes del cierre de instrucción formule el pedimento que le corresponde”, señala el acuerdo publicado en la Lista de Notificaciones de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acción de Inconstitucionalidad.

El Poder Judicial de la Federación admitió el 22 de diciembre de 2017 un amparo solicitado por indígenas nativos y residentes de Baja California ante “la omisión de una consulta para la realización de estos proyectos de iniciativa privada, un derecho irrenunciable de los pueblos originarios, asentados en el artículo 1 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos”.