Baja California | 22 de Julio de 2018

La planta de tratamiento de aguas negras de Punta Bandera y el Río Tijuana son las dos fuentes de contaminación del Océano Pacífico en esa porción de mar que comparten México y California Foto tomada del Facebook de Serge Dedina

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Mireya Cuéllar / La Jornada Baja California
Tijuana.- Verter 170 millones de litros diarios de aguas negras a las playas que comparten Tijuana y el sur de California (porque las plantas de tratamiento de agua de Baja California no sirven), provocó una guerra de acusaciones entre autoridades de ambos países, donde el alcalde de Imperial Beach, Serge Dedina, dijo que “la corrupción masiva” del gobernador Francisco “Kiko” Vega “contamina el mar”, y la respuesta kikista fue que Dedina gusta del “sensacionalismo”.  

Dedina, un conservacionista aficionado al surf que lleva varios años pidiendo que el gobierno de Baja California “haga algo” para evitar la descarga de aguas negras al mar, está buscando un mecanismo para que Wild Coast – la organización ecologista a la que pertenece- y todas las instancias que se quieran sumar, demanden al gobernador Vega ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. 

La respuesta del gobierno del estado este viernes fue que las acusaciones de corrupción contra el gobernador no tienen fundamento y tampoco abonan al saneamiento de la costa, un problema que se debe atender “de manera integral, con acciones de todos los entes involucrados de ambos lados de la frontera y no con declaraciones mediáticas sensacionalistas”.

El conflicto por las descargas tiene varios años, pero Dedina pasó de la diplomacia de las reuniones bilaterales y los discursos oficiales –que no han servido de mucho para solucionar el problema- , a la acusación política, en un momento en que el gobernador Francisco Vega tiene encima las observaciones de la Auditoria Superior de Federación (ASF), y aunque su oficina de comunicación dice que ya solventó buena parte de ellas, nadie conoce sus informes.

“¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué se muera alguien? Porque ya casi llegamos a ese punto… hay dos casos documentados (de daño por el agua contaminada); una persona que adquirió meningitis y otra que adquirió una bacteria que le comió la mitad del brazo y por poco no sobrevive, ¿a qué punto tenemos que llegar? Qué un niño se muera por la contaminación de Punta Bandera?, expresó Paloma Aguirre, directora del Programa Costero y Marino de Costa Salvaje (la organización a la que pertenece el alcalde de Imperial Beach) a La Jornada Baja California el pasado 27 de junio.

Las ciudades de Chula Vista, Imperial Beach y San Diego ya recurrieron en marzo pasado a la sección de Estados Unidos de la Comisión Internacional de Límites y Agua  (CILA) para demandar su intervención. Y las respuestas del gobernador Vega han sido siempre que las descargas de aguas negras en el mar “son ocasionales, sobre todo cuando llueve”. De paso, en una entrevista  le cargó el tema al gobierno federal; que el canciller Luis Videgaray ya se había comprometido a resolverlo en una visita reciente a San Diego (La Jornada Baja California, 28 de junio e 2018).   

La planta de tratamiento de aguas negras de Punta Bandera y el Río Tijuana son las dos fuentes de contaminación del Océano Pacífico en esa porción de mar que comparten México y California. La primera, que inició operaciones en 1988, funciona de manera muy deficiente y suelta una gran cantidad de agua que no llega a procesar. El segundo arrastra en su cauce las aguas negras de decenas de viviendas que no están conectados al drenaje, además de la basura de las calles cuando llueve.

Cuando Serge Dedina habló de la “corrupción” que contamina el mar, fue en referencia a las decenas de viviendas y zonas industriales que se edifican en Tijuana y Playas de Rosarito sin ningún control sobre sus desechos, es decir, sin conexión al drenaje. Muchas de esas aguas negras terminan en tubos que las llevan directamente al mar o al Río Tijuana. 

Sin gran cantidad de agua durante el verano (es un cauce de aguas estancadas y pestilentes buena parte del año), cuando llueve todos los drenajes que se desbordan en la ciudad van a dar a él.

La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) es la encargada de administrar Punta Bandera. En un comunicado de prensa emitido la tarde del viernes pasado, firmado por su titular, Germán Lizola Márquez, señaló que “el alcalde de Imperial Beach sabe que el escurrimiento de aguas residuales al Océano Pacífico es un problema añejo que data de varias décadas, cuya solución no es un asunto que corresponda sólo al gobernador Kiko Vega”. Y que se requieren más de mil 500 millones de pesos para reparar Punta Bandera y todo el sistema de colectores de Tijuana y Rosarito que evitaría el desbordamiento del río. 

De lo que ya se está haciendo para atender el problema, informó que se está realizado un estudio con recursos de Banobras  -10 millones de pesos- “que permitirá definir bajo qué esquema rehabilitar dicha planta (Punta Bandera) , que opera bajo un sistema lagunar, cuya primera etapa concluye en octubre próximo”.