méxico | 22 de Mayo de 2019

La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, con trabajadores de Pemex. Foto Cortesía

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Redacción

Ciudad de México, 22 de mayo.- La Secretaría de la Función Pública (SFP) aplicó penalidades económicas que ascienden a casi 620 millones de pesos e inhabilitación para desempeñar cargos públicos de 10 y 15 años, a altos mandos de Petróleos Mexicanos, designados durante la administración del ex presidente Enrique Peña nieto.

La sanción económica se aplica para uno de los casos, de acuerdo con instrucciones de la secretaria, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros por irregularidades en la adquisición del Grupo Fertinal.

A través de un comunicado, la SFP informó que la inhabilitación por 10 años, fue resultado “de un cuidadoso procedimiento de responsabilidades administrativas en donde, entre otras cosas, se detectó que se proporcionó información falsa en la declaración de situación patrimonial”.

Se precisa que “en dos ocasiones se omitió una cuenta bancaria que registraba saldos de cientos de miles de pesos”.

La otra sanción, se añade, se impuso por irregularidades en la compra de la planta industrial de Grupo Fertinal.

Al respecto, se explica que luego “de una minuciosa investigación, se demostró que el funcionario responsable hizo un mal uso de los recursos públicos al pagar un sobrecosto cercano a los 620 millones de pesos”.

Es por ello que “se estableció una sanción resarcitoria equivalente al daño patrimonial infligido, además de los 15 años de inhabilitación al funcionario”.

Se agrega que desde el 1 de diciembre, hasta hoy “se han iniciado más de 6 mil 200 procedimientos de responsabilidades administrativas, y se han impuesto casi 400 inhabilitaciones, que van desde funcionarios de nivel operativo hasta los rangos de directores generales”.

En ese contexto se han aplicado 112 sanciones económicas, que suman un monto superior a los 656 millones de pesos.

La SFP enfatizó que estas sanciones son sólo el principio “de un conjunto de investigaciones en curso para dar cumplimiento a la exigencia social de erradicar el abuso de los recursos públicos, tal y como ha sido instruido por el Presidente Andrés Manuel López Obrador”.