Baja California | 21 de Noviembre de 2017

El secretario de Seguridad Pública de Baja California (SSPE), Gerardo Sosa Olachea Foto Alberto Elenes

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Redacción

Tijuana,  21 de noviembre.- Tras aceptar los resultados arrojados por la organización Semáforo Delictivo Nacional, en el que señala al 2017 como el año más violento de la historia de México, con más de 18 mil 505 homicidios solamente de enero a septiembre, el secretario de Seguridad Pública de Baja California (SSPE), Gerardo Sosa Olachea, aseguró que en el estado se tienen la capacidad para combatir la delincuencia, pero se requiere de la participación ciudadana.

En entrevista tras una reunión sostenida este martes con el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Tijuana, refirió que la tendencia delictiva va hacia abajo, pero no en la manera que ellos quisieran aún.

“Yo creo que son muchos factores, son factores sociales, descomposición social, la llegada oportuna o inoportuna. (En el índice delictivo) Vamos ahora a la baja, esperemos que podamos seguir así para que se cambie ese semáforo; hay la capacidad para detener esto, pero también nos tienen que apoyar los ciudadanos, muchas veces la denuncia o el 089 para poder actuar en ese momento”, dijo.

Mencionó que  el 911 ha sido reforzado con más personal para atender las llamadas de emergencia y se han cubierto las faltantes de operadores para brindar la atención a la ciudadanía.

Sosa Olachea reiteró que tras su llegada, 17 elementos de la Policía Estatal Preventiva renunciaron a la corporación por decisión propia y expresó su preocupación del riesgo que existe con todo agente que sale de la corporación en el sentido de irse al crimen organizado.

“Se quisieron ir, lo demás estoy estudiando a los otros que tienen algunas denuncias y estoy viendo que tanta responsabilidad tienen; puede que ser que tengan una acusación que no sea tan grave”.

Actualmente se encuentran bajo investigación 85 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, adicional a los 17 agentes que renunciaron.

La causas por las cuales los 85 oficiales están bajo investigación son principalmente por abuso de proder, allanamiento de morada y entre los más graves son policías preventivos que están acusados por violación a una mujer.