méxico | 21 de Agosto de 2019

Siete de los beneficiarios del Mecanismo han sido asesinados, de 2016 a la fecha. Foto Cuartoscuro / Archivo La Jornada

Por

Por 

Emir Olivares Alonso / La Jornada

Ciudad de México, 21 de agosto.- Si las autoridades mexicanas no atienden las causas profundas de la violencia contra reporteros y activistas, para finales del actual sexenio mantener la operación del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas será insostenible, pues en 2024 su presupuesto rebasará los mil millones de pesos (mdp) –el triple su presupuesto actual— y el número de personas con protección superará las 3 mil 400 personas.

Ésta es la principal conclusión del Diagnóstico sobre el Mecanismo que hace unos días entregó a la Secretaría de Gobernación (SG) la oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONUDH), y que se presentará este lunes, 26 de agosto.

Para evitar tal crisis, la instancia internacional propone un involucramiento decidido de todas las instituciones, con el fin de proteger a comunicadores y defensores, reforzar al personal del Mecanismo, un compromiso decidido de las entidades federativas y sanciones a los servidores públicos que incurran en violencia contra esos sectores.

En el análisis se hacen patentes además varias preocupaciones de la ONUDH, ante el peligro que hoy enfrentan esos gremios, debido a que siete de los beneficiarios del Mecanismo han sido asesinados de 2016 a la fecha; el año pasado no se pudo concluir ningún caso por disminución de riesgo, y en los casos en que se identificó a los presuntos perpetradores de las agresiones, 55 por ciento fueron servidores públicos.

Al 30 de abril de 2019, el Mecanismo protegía a 903 personas (beneficiarios) y se le asignó un presupuesto de 207.6 mdp. Sin embargo, la SG prevé que para finales de finales de este año alcanzará los mil 131 beneficiarios y que el gasto asociado será de 325 mdp, por lo que el 4 de abril pasado presentó una solicitud adicional de 150 millones, la cual todavía no recibe respuesta.

El reporte enfatiza que actualmente el Mecanismo mantiene su enfoque principal en evitar la consumación del daño, elemento que si bien es muy importante, resulta insuficiente, pues se necesita priorizar la atención a las causas que generan los riesgos, las cuales deben ser atendidas a través de acciones políticas y de prevención que permitan anular el origen de los peligros.

De seguir manteniendo los objetivos en la reacción antes, que en la prevención, advierte, su operación para finales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador será prácticamente imposible de mantener, por el elevado costo que implicaría.

“Sin un enfoque de prevención –añade– combinado con una actuación dirigida a anular las causas del riesgo, no se va a disminuir la necesidad de protección individual y finalmente el Mecanismo se volverá ineficaz e insostenible”.

Y es que de no transformar sus objetivos, la ONUDH prevé que para el cierre del actual sexenio el Mecanismo tendría que proteger a 3 mil 452 personas, para lo que se requeriría un presupuesto mayor a los mil 32 millones de pesos.

Otro asunto ineludible, plantea, es la insuficiencia de recursos materiales para garantizar su operación adecuada. Los funcionarios del Mecanismo no cuentan con todas las herramientas ni capacitaciones necesarias para realizar sus funciones con la eficacia requerida.

“Por ejemplo, la información sobre una agresión sufrida por una persona defensora o periodista puede demorar varios días en ser procesada, porque el personal del Mecanismo no puede acceder desde las computadoras de SG a varias páginas de internet, ni tiene acceso al correo laboral, cuando están fuera de la oficina”.

Sus capacidades a nivel de recursos humanos son insuficientes para dar respuesta a los requisitos legales y las necesidades reales de protección y se prevé que esa insuficiencia se agudice por la creciente tendencia de solicitudes de incorporación.

El Mecanismo cuenta con apenas 36 funcionarios, cifra que se ha mantenido estable desde 2014 a la fecha, lo que ha llevado a que la proporción de personas beneficiarias que correspondería a cada funcionario haya aumentado 235 por ciento durante el mismo periodo, lo que impacta sobre la capacidad para proteger eficazmente.

“Cada persona que opera funciones de seguimiento debe atender un promedio de 155 beneficiarios. Además, al 24 de abril de 2019 estaban pendientes 114 reevaluaciones y 22 evaluaciones, equivalentes a poco más de tres meses de trabajo de acuerdo al ritmo actual del equipo que realiza los estudios de riesgo”.

Aunado a ello, el Mecanismo carece de suficiente personal especializado en materias como comunicación pública, gestión de recursos humanos, tecnologías de la información o gestión de medidas políticas y vinculación con autoridades.

Con base en las propias estadísticas oficiales, la ONU-DH detectó que 55 por ciento de los casos en que se identificaron los presuntos perpetradores, éstos eran servidores públicos, “quienes están sujetos a un grado de responsabilidad superior, por su obligación de respetar a quienes ejercen labores de periodismo y defensa de los derechos humanos y de abstenerse de ataques en su contra”.

Sin embargo, actualmente el Mecanismo no cuenta con criterios de actuación que, entre otros aspectos, exploren la pertinencia de: condenar públicamente cualquier ataque por parte de servidores públicos; dar vista a la fiscalía correspondiente para que se inicie una investigación criminal; e iniciar el procedimiento correspondiente de control y sanción administrativa.

Para mejorar esta instancia, y por ende la prevención de riesgos y protección a activistas y comunicadores, la ONU-DH hace una serie de recomendaciones.

“El funcionamiento efectivo de un sistema tan amplio exige un elevado grado de compromiso institucional, que debe ser entendido como una política de Estado que asegure al rol de coordinación el capital político oportuno.

“En otras palabras, el compromiso institucional debe generarse y comunicarse desde la Presidencia de la República y la SG y ser subsecuentemente adoptado y replicado por las gubernaturas estatales y los titulares de las instituciones federales. Eso implica que tanto las autoridades federales como las entidades federativas deberán asignar personal y recursos específicos para asegurar el cumplimiento de su deber de proteger”.

Para garantizar un funcionamiento más eficaz del Mecanismo, agrega, el Estado mexicano tendrá que reforzar de manera decidida sus recursos humanos, garantizar los recursos económicos necesarios –tanto para medidas de protección como para la operación cotidiana–, y asegurar los recursos materiales adecuados para que los funcionarios puedan cumplir con su mandato de protección.

El Mecanismo también debe disponer de un monitoreo efectivo de la correcta implementación de los planes de protección e impulsar las sanciones pertinentes cuando detecte el incumplimiento de las obligaciones correspondientes; además de garantizar que todas las personas beneficiarias tengan acceso a una reacción oportuna en caso de emergencia.

La ONU-DH exhorta a promover un cambio de paradigma hacia un enfoque de prevención combinado con la actuación dirigida a anular las causas del riesgo, que incluya criterios de actuación en los casos de agresiones por parte de servidores públicos y enviar un mensaje de cero tolerancia en relación a estas conductas.

Se debe fortalecer la coordinación y los procedimientos internos de su operación, incluso mediante la creación de un sistema de información que asegure el intercambio oportuno de datos entre las unidades y facilite el monitoreo y evaluación de su funcionamiento. “En colaboración con las demás autoridades relevantes, sería oportuno instalar un programa de capacitación constante a su personal y a quienes integran la Junta de Gobierno del Mecanismo”.

Agrega que éste no puede ser entendido como la única respuesta a la violencia contra periodistas y defensores, por lo que es necesario que otras autoridades se involucren y se coordinen con el Mecanismo para garantizar que los beneficiarios reciban una protección integral.

“El necesario reforzamiento del Mecanismo será insuficiente si no se acompaña de otras medidas tendientes a la creación de una política pública integral que además de mejorar la protección pueda: implementar la obligación de respeto a las labores de defensa de derechos humanos y periodismo; adoptar estrategias interinstitucionales de prevención; y garantizar el cumplimiento del deber de investigar, juzgar y sancionar las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas”.