Baja California | 21 de Febrero de 2018

En diciembre de 2016, cuando cerró su ciclo, el exalcalde Jorge Astiazarán apresuró el arranque de operaciones del SITT ante la posibilidad de que su sucesor, el panista Juan Manuel Gastélum, lo detuviera. Foto Archivo Cuartoscuro

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Mireya Cuéllar / La Jornada Baja California

Tijuana, 20 de febrero.- El Sistema Integral de Transporte de Tijuana (SITT), una obra que cuando esté terminada le habrá costado a los contribuyentes mil 240 millones de pesos ─recursos púbicos de los cuales se han invertido más de la mitad─, no solo es blanco del sabotaje con bombas molotov a sus instalaciones, sino que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) le ordenó al municipio abrir una investigación porque detectó un daño patrimonial de 29 millones 500 mil pesos durante el ejercicio de 2016, cuando se hizo la primera parte de la obra física, que incluye un carril confinado, algunas estaciones, una terminal y puentes peatonales.

Concebido como una especie de Metrobus, el SITT empezó a construirse en la administración priísta anterior, con Jorge Astiazarán, quien alcanzó a poner en circulación cinco camiones sin que las estaciones, los torniquetes, el sistema de cobro con tarjetas, las estaciones troncales y muchas de las obras, estuvieran terminadas. En diciembre de 2016, cuando cerró su ciclo, Astiazarán apresuró el arranque de operaciones del SITT ante la posibilidad de que su sucesor, el panista Juan Manuel Gastélum, lo detuviera.

Para entonces, Banobras ya le había dado 505 millones 661 mil pesos, que son los que revisó la ASF, y sobre los que ordenó a la Sindicatura sancionar a los funcionarios responsables de no revisar que el concreto que se usó para el carril confinado tuviera el espesor acordado, que las losas de las estaciones cumplieran la calidad requerida –muchas ya “se quebraron”-, que no se hicieran pagos indebidos y por adelantado, entre otras observaciones.

Una llamada de atención recurrente es que no hay claridad sobre los tiempos de la entrega-recepción de las obras entre las constructoras y la autoridad. Las estaciones han sido constantemente vandalizadas porque permanecían sin vigilancia, aunque ya asignaron policías en ellas, y eso elevó el costo de la obra porque se tienen que reparar cada vez.

La constante ha sido que “alguien” rompe vidrios y puertas de las estaciones, u ocurre lo de la semana pasada, cuando cuatro sujetos lanzaron bombas molotov en la estación principal y dañaron el equipo de cobro instalado por la empresa Soproes Baja S.A. de C.V. , que tiene la concesión para operar el sistema de recaudo de todo el SITT. La estimación de los daños es de 6.3 millones de pesos.

“Alguien intenta detener la operación del SITT”, reaccionó Arturo Aguirre, cabeza de la llamada empresa de empresas (SITT de Tijuana S.A. de C.V), que aglutina a los transportistas que recibieron la concesión para mover en sus unidades a los pasajeros, dado que la Ruta 1 que recorre el nuevo sistema la cubrían ellos.

El anuncio de que este año el Ayuntamiento echará a andar la Ruta 2 Santa Fe-Otay “puso nerviosos a quienes consideran lesionados sus intereses; esa pudiera ser la causa de los daños”, dijo el secretario de Gobierno municipal, Leopoldo Guerrero Díaz.

Esas acusaciones imprecisas que manejan las partes involucradas en el SITT, esconden la pugna interna entre el gobierno municipal; la empresa de empresas SITT de Tijuana S.A. de C.V. y Soproes Baja S.A. de C.V. , confió a la Jornada Baja California un ex funcionario de la paramunicipal. Hay que decir que el SITT, la paramunicipal responsable de construir toda la infraestructura (el Municipio participa con una inversión de 760 millones de pesos y es el responsable de las entregas de Banobras), va en su cuarto director en menos de dos años.

Durante la campaña para la alcaldía de 2016, los panistas acusaron que el SITT era un “negocio” privado auspiciado con recursos públicos para un grupo ligado al alcalde priísta Jorge Astiazarán y señalaron al papá del entonces dirigente estatal del PRI, el ex diputado federal Chris López - ahijado político de Manlio Fabio Beltrones- como la cabeza del proyecto a través de prestanombres.

Incluso, el regidor de Morena, Marco Antonio Romero Arizpe –quien se peleó con el líder estatal del partido, Jaime Bonilla, y hoy vota con el PAN en el Cabildo de Tijuana- solicitó a la Sindicatura investigar al primer director del SITT, José Alonso López Sepúlveda, a quien acusó de “negociaciones ilícitas y tráfico de influencias” por la forma como licitó todo lo que tenía relación con el Sistema.

Después de que el panismo ganara la alcaldía con Juan Manuel Gastélum, 2016, la primera decisión fue destituir al director del SITT, José Alonso López Sepúlveda –a quien los priistas habían designado por 7 años- y anunciar que el Municipio se quedará con un porcentaje de lo que ingrese al Sistema vía tarifas, porque adquirió una deuda de 760 millones de pesos para construir las obras de infraestructura y, consideraron, no es justo que los concesionarios privados, quienes mueven los camiones y cobran la tarifa, se queden con las ganancias.     

Arturo Aguirre, quien fue candidato a diputado local por el PRI en 2016 y perdió, dice que los socios del SITT de Tijuana S.A. de C.V. son los transportistas agremiados en las empresas Verde y Crema, Untima, Amarillo y Perla, Tijuanenses, Calafia, ATT, El Hongo y Calfia, a la que Aguirre representa, cuenta con 200 socios a su vez y tiene el 73 por ciento de la llamada "empresa de empresas".

El excandidato priista explicó que Calfia es el socio mayoritario porque es quien más vehículos operaba en lo que ahora es la Ruta 1 del SITT, y señaló que el padre de Chris López tendría que ser transportista para ser socio, pero no lo es. También refirió que ante la falta de usuarios solo operan 10 unidades, mientras que otras 20 con capacidad para 120 pasajeros están estacionados en un almacén.

El SITT no es lo que se anunció. No solo el número de pasajeros es muy inferior a lo que se planeó –alrededor de 70 mil por cada ruta troncal, que se supone serán dos y moverán 156 mil usuarios diariamente; el Sistema no cuenta con vehículos articulados y tampoco son de gas natural, como se ofreció en aras de bajar los índices de contaminación; algunos vidrios rotos de las estaciones son sustituidos con parches de madera, y mientras los problemas de tráfico en la ciudad se intensifican, los automovilistas contemplan el carril confinado para la Ruta 1 que nadie usa. 

Además de los 760 millones de pesos de aportación municipal, la Federación entregó 480 millones más, vía el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), un fideicomiso que administra Banobras con recursos a fondo perdido que tiene el objetivo de invertir en la infraestructura de proyectos donde participa también el sector privado, pero que tienen una rentabilidad social, como mejorar la movilidad urbana.

El objetivo del SITT era que diariamente 156 mil personas pudieran cruzar la ciudad de extremo a extremo en 57 minutos a una velocidad promedio de 27 kilómetros; que fueran dos rutas trocales y 23 alimentadoras, 34 estaciones centrales, 2 terminales y 3 talleres. Y su fecha de conclusión se previó para marzo de 2016.

Ahora, además, la Auditoria Superior de la Federación ordenó que el Municipio finque responsabilidades administrativas y sancione a quienes hicieron pagos por 13.9 millones de pesos que no estaban en las estimaciones de las obras; permitieron que las soldaduras de los barandales y mensulas de los puentes peatonales se colocaran de forma deficiente provocando un daño de 9.6 millones al erario; y pagaran 2.3 millones de pesos para que se supervisara que las constructoras cumplieran con los términos de los contratos, sin que se hiciera.