Baja California | 20 de Agosto de 2019

Baja California enfrenta un serio rezago en la materia, y reducir una secretaría le restaría capacidad legal y financiera, argumentaron. Foto cortesía

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La Jornada Baja California

Tijuana, 20 de agosto.- Al reiterar su rechazo a la fusión de la Secretaría de Protección al Ambiente a la de Desarrollo Económico en el próximo gobierno estatal, integrantes de organizaciones de justicia ambiental pidieron al mandatario electo, Jaime Bonilla Valdez, que reconsidere la medida e incluya a especialistas de la sociedad civil para que trabajen de manera coordinada en esos temas.

En conferencia de prensa en la que ratificaron el mensaje enviado al próximo mandatario en una carta entregada en la oficina de Morena -en la que califican la medida como "afrenta" y "aberrante retroceso"-, la directora del Colectivo Salud y Justicia Ambiental de la Coalición de Salud Ambiental, Magdalena Cerda Báez, advirtió que la entidad enfrenta un "rezago muy grande en justicia ambiental", por lo que sería un error no reconsiderar.

Recordó que a través del Colectivo Chilpancingo, a principios de la década pasada se logró que los gobiernos de México y Estados Unidos retiraran miles de toneladas de escoria de plomo y tierra contaminada con cianuro, níquel, cadmio y zinc en la planta Metales y Derivados de reciclaje de acumuladores de todo tipo y sanearan el sitio, lo que demuestra lo que puede realizarse en trabajo conjunto.

Al afirmar que degradar a subsecretaría el área encargada del medio ambiente le mermaría recursos y capacidad legal para resolver problemas ambientales y, la también gestora de la campaña de la frontera de la Coalición de Salud Ambiental (Environmental Health Coalition), señaló que el proyecto del gobierno electo es contrario a la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de acabar con el neoliberalismo, porque es precisamente lo contrario.

"Estamos haciendo un llamado al nuevo gobierno del estado para que trabajemos juntos las organizaciones ambientalistas de Tijuana. El sector ambiental tiene una larga historia de trabajos juntos para mejorar la calidad ambiental del estado. Hay casos muy exitosos, incluso en el esfuerzo fronterizo para mantener un equilibrio ecológico y ambiental, como fue el caso de Metales y Derivados", dijo.

"La comunidad necesita seguridad y que se refuerce su derecho a vivir y desarrollarse en un ambiente sano y seguro, y es lo que esperamos del nuevo gobierno... hay una transición histórica de gobierno encabezada por un partido que nunca había estado en el poder y dice representar al pueblo de México; tenemos que va a aceptar nuestra propuesta de trabajo porque es para mejorar la calidad ambiental", señaló Magdalena Cerda Báez.

Argumentos

En la carta que firmaron el Colectivo de Salud Ambiental de la Coalición de Salud Fronteriza; Tijuana Calidad de Vida; Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental; Recimec AC, Sociedad de Plantas Nativas, Baja California Chapter; CICEA Papalotzin, AC; CEPA; Desembólsate BC; Nativ@s de las Californias, A.C, y Remexmar, BC, AC, advierten que "estando supeditada a una misma cabeza se sector, la autoridad ambiental carecerá del peso político necesario para actuar en el interés ambiental que le compete, siempre que los intereses del desarrollo económico desafíen el cumplimiento con la normatividad ambiental, como ha ocurrido históricamente". 

 Además señalan que "la experiencia de más de 10 años de la Dirección General de Ecología (1992 a 2005) demostró que una entidad de gobierno de tercer nivel en materia ambiental, a pesar de estar adscrita directamente al Ejecutivo del Estado, no tuvo la fortaleza presupuestal, ni la autoridad y capacidad administrativa necesarias para hacer cumplir a las otras dependencias de gobierno o al sector privado lo que establecía la ley vigente en ese entonces, ni tampoco desahogar la tramitología que exigen las tareas de seguimiento, análisis, evaluación y rendición de cuentas de las políticas ambientales con la eficiencia y profesionalismo requeridos, aunque debemos reconocer el acierto de establecer el Consejo Estatal de Ecología, órgano colegiado de amplia participación ciudadana, como la principal autoridad ambiental en el Estado, así como la publicación del primer Plan de Ordenamiento Ecológico del Estado, en Octubre de 1995, como un instrumento de regulación del uso del suelo en Baja California".