diputados federales | 20 de Julio de 2019

Se pretende que los alumnos de escuelas marginadas tengan mayores oposrunidades. Foto Madal Mondaca / Archivo La Jornada BC

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Redacción

Ciudad de México, 20 de julio.- La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados analiza una reforma a la Ley General de Educación para fomentar programas de alimentación escolar gratuita y garantizar el derecho a la comida en centros educativos de municipios marginados.

Enviada por el diputado José Luis Montalvo Luna, del Partido del Trabajo, adiciona el artículo 24, debido a que dos de cada 10 niños padecen carencia alimentaria en México.

De acuerdo con el planteamiento, la Secretaría de Educación Pública instrumentará una política de suministro escolar gratuita en las escuelas de educación básica de alta marginación, con base en los lineamientos del Programa Nacional de Alimentación Escolar.

El objetivo es disminuir las profundas desigualdades que persisten en el país, de acuerdo con los objetivos del desarrollo sostenible para poner fin al hambre y lograr la seguridad alimentaria.

Destaca la importancia de poner en práctica políticas públicas de inclusión social, dirigidas a menores con la finalidad de promover igualdad de oportunidades en el aprendizaje para la población más pobre.

Se indica que según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) los programas de alimentación escolar fomentan la permanencia en la escuela.

En Bolivia, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Perú, añade, se han desarrollado programas de alimentación escolar para la protección social, seguridad alimentaria y nutrición con resultados relevantes.

Al mismo tiempo obtienen los insumos de la agricultura familiar y del desarrollo local.

Estas políticas, además de garantizar el derecho humano de la población más desfavorecida a la alimentación, añade, también puede ser una herramienta pedagógica para que los alumnos tomen conciencia sobre la importancia de hábitos alimenticios saludables y el aprovechamiento de éstos, como lo demuestra la experiencia de los Huertos Escolares en Brasil.

En los artículos transitorios se indica que la SEP contaría con un plazo de 120 días, a partir de la entrada en vigor de la ley, para elaborar el Programa Nacional de Alimentación Escolar, el cual deberá contener, por lo menos, los siguientes elementos:

Estándares nutricionales; procedimientos para la elaboración del menú escolar de acuerdo con la cultura y preferencia de cada región; procedimientos que garanticen la inocuidad de alimentos a lo largo de la cadena alimentaria; establecimiento de lineamientos de huertos escolares como herramienta pedagógica; mecanismos de coordinación intersectorial y de participación social, así como los mecanismos de rendición de cuentas.

Por su parte, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en un plazo no mayor a 60 días, establecería la metodología para identificar las escuelas de alta marginación que serán beneficiarias.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año, la Cámara de Diputados aprobará los recursos necesarios para la instrumentación y funcionamiento de dicho programa; por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con la SEP, procurará que las compras de suministros se realicen a productores locales.

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