Baja California | 20 de Mayo de 2019

Además del conflicto de intereses al recibir apoyo de un diputado que es su compadre, falseó información al declarar sobre su lugar de residencia. Foto captura de pantalla

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Jorge Ley

Tijuana, 20 de mayo.- El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción solicitó formalmente al Congreso la remoción de Iván José Curiel Villaseñor como magistrado de la sala especializada en Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción porque falseó declaraciones; en su designación no se respetó el orden de prelación y hubo conflicto de interés, informó Jorge Topete Calvario, presidente de dicho Comité.

Curiel Villaseñor es “compadre” del diputado priista Alejandro Arregui, y por lo tanto este debió excusarse de votar; además de que en la lista de propuestas que el órgano evaluador hizo llegar a los legisladores, resultaba el “peor calificado” (era el sexto en una lista de seis). Además, en los últimos días se conoció que mintió al Comité de Evaluación porque dijo tener dirección en  Tijuana y resultó que en un juicio que lleva en un tribunal de lo familiar, Curiel Villaseñor acreditó que es residente de la Ciudad de México.

En rueda de prensa ofrecida en esta ciudad, el presidente del Comité de Participación Ciudadana denunció que Curiel Villaseñor fue respaldado por mayoría de votos de los integrantes del Congreso del Estado el pasado 9 de mayo, sin embargo resulta cuestionable que su compadre, el diputado Alejandro Arregui votara a favor, lo que representa conflicto de interés.

Lamentó que la persona que ocupará tal distinción por los próximos seis años sea la peor calificada en sus capacidades para el cargo, de acuerdo con la opinión de 15 personas integrantes de la comisión ciudadana que analizó los perfiles de cada uno de los aspirantes.

Jorge Topete señaló que el magistrado Anticorrupción falseó declaraciones, debido a que su domicilio está ubicado en la Ciudad de México, por lo que no cuenta con la residencia necesaria para ocupar dicho cargo. La cual debería estar en Baja California.

La inconformidad ya fue entregada al priista Edgar Benjamín Gómez, presidente del Congreso del Estado, así como al agente de Ministerio Público y Órganos de Control correspondiente y se dio vista al Sistema Nacional Anticorrupción.

En Baja California se está construyendo el andamiaje jurídico (institucional) de todo el sistema anticorrupción, cuya cabeza será un fiscal especializado que nombrará el Congreso, encargado de perseguir los casos de corrupción por la vía penal. Las denuncias administrativas en materia de corrupción serán revisadas por la sala especializada del Tribunal correspondiente, donde la máxima autoridad será precisamente Curiel Villaseñor.

Topete insistió en que llevarán su inconformidad a todas las instancias porque quieren evitar que se vuelva a repetir una elección de esas características, donde los diputados votaron de manera confidencial en una urna y no hubo una explicación de los motivos que los llevaron a decantarse por el peor calificado de los aspirantes a ser el magistrado anticorrupción.

El pasado 9 de mayo, cuando resultó electo, lo único que explicó el diputado panista que operó el nombramiento, Andrés de la Rosa Anaya, fue en el sentido de que, “fue el único aspirante que obtuvo consenso por parte de la mayoría” de las fuerzas representadas en el Congreso.