Chihuahua | 20 de Febrero de 2019

El uso indebido de Pegasus significó un “bochorno” nacional e internacional, que provocó en 2017 la retirada de las organizaciones civiles de los trabajos de la Alianza para el Gobierno Abierto; dicho malware podía ser adquirido y utilizado, pero para fines lícitos y con la autorización de un juez. Foto Cristina Rodríguez / La Jornada

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Fernando Camacho Servín / La Jornada

Ciudad de México, 20 de febrero.- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) dio vista al Órgano Interno de Control (OIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) por el mal uso que le dio la anterior Procuraduría General de la República (PGR) del software de espionaje Pegasus, y ordenó que se haga pública la renovación del contrato de uso de dicha herramienta cibernética para los años 2016 y 2017.

En la sesión del Pleno de hoy, la secretaría de protección de datos personales del Inai detalló que, como parte del proceso de verificación sobre dicho tema, le pidió a la FGR que comprobara haber desinstalado Pegasus, a lo cual el organismo de seguridad respondió que ya había cumplido con dicha tarea.

No obstante, el Inai concluyó que la Fiscalía no acreditó contar que un sistema adecuado de gestión y posesión de datos personales, por lo que decidió dar vista al OIC de la FGR para que éste determine las responsabilidades administrativas a las que haya lugar.

De igual manera, se dará vista a la Ministerio Público para que determine si los funcionarios responsables de esta irregularidad cometieron algún delito, y también a la Auditoría Superior de la Federación, para que emita una resolución sobre el presunto mal uso de recursos públicos para adquirir el mencionado software.

En ese mismo contexto, se pidió a la FGR que acredite de manera formal que Pegasus ya fue desinstalado del hardware de sus diversas unidades, precisa cómo lo hizo y asegure que no es factible instalarlo de nuevo en otros equipos. De esta manera, se garantizaría la irreversibilidad de la medida ordenada, y la confidencialidad de los datos personales extraídos con esta herramienta.

Al abundar sobre el tema, el comisionado Joel Salas Suárez propuso también que se instruyera a la FGR a hacer públicos los documentos sobre la revalidación del uso del software de espionaje, firmada por la entonces PGR en 2016 y 2017.

Todos los comisionados del Inai hicieron uso de la palabra para concordar con el proyecto dado a conocer por la secretaría de datos personales y destacar que debe aclararse el uso de un software que costó el equivalente a más de 800 millones de pesos, y el cual fue usado sin seguir los protocolos en la materia.

De igual forma, señalaron que el uso indebido de Pegasus significó un “bochorno” nacional e internacional, que provocó en 2017 la retirada de las organizaciones civiles de los trabajos de la Alianza para el Gobierno Abierto, y enfatizaron que dicho malware podía ser adquirido y utilizado, pero para fines lícitos y con la autorización de un juez.

El proyecto fue avalado por unanimidad.