Baja California | 20 de Febrero de 2017

La investigación de la CNDH concluyó que se hizo uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de la policía municipal de Ensenada y de la Policía Estatal Preventiva durante las manifestaciones de jornaleros de San Quintín, de marzo a mayo de 2015. Foto Roberto Armocida/Archivo La Jornada Baja California

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Redacción

Tijuana, 20 de febrero.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid,  por aplicar uso excesivo de la fuerza durante las protestas realizadas por jornaleros del Valle de San Quintín en contra de las precarias condiciones de trabajo y seguridad social en las empresas agrícolas del sur de Ensenada, durante 2015.

Según el documento 2/2017 de la CNDH, la investigación de los hechos ocurridos el 17 de marzo, el 9, 18 y 26 de mayo y el 24 de septiembre en 2015, concluyó que fueron injustificadas las agresiones, golpes y detenciones de trabajadores agrícolas y ciudadanos ajenos a bloqueos y actos de protesta por parte de agentes de la policía municipal de Ensenada y de la Policía Estatal Preventiva. 

El organismo señala que en los operativos policiacos de las citadas fechas no existió una efectiva supervisión de la actuación de los elementos de seguridad y tampoco se aplicaron los protocolos conforme a los estándares de uso de la fuerza, así como de dispositivos no letales, como balas de goma, bombas de humo, que causaron lesiones a personas y daños a viviendas.

La recomendación de 225 cuartillas del organismo indica que las condiciones de pobreza y marginación de la comunidad jornalera del Valle de San Quintín, evidencia una falta de coordinación institucional y omisión de los gobierno federal y estatal para hacer un diagnóstico e identificar causas, problemáticas y áreas de oportunidad para canalizar estratégicamente los apoyos y programas sociales y de infraestructura.

Por tal motivo, el documento de la CNDH es dirigido, además del gobernador Francisco Vega de Lamadrid, al alcalde de Ensenada, Marco Antonio Novelo Osuna; a los secretarios federales de Desarrollo Social (Sedesol), Luis Enrique Miranda Nava; del Trabajo y Previsión Social (STPS), Alfonso Navarrete Prida; de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer; y al director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mikel Arriola Peñalosa.

Al gobernador Vega se le solicita, en primer lugar presentar una iniciativa de ley ante el Congreso del Estado para armonizar la normatividad estatal en materia de atención a víctimas de acuerdo con la Ley General de Víctimas, pues el plazo para tal efecto ya se venció.

Además, para el caso específico de San Quintín, en un plazo no mayor a treinta días hábiles a partir de la notificación de la recomendación, instruir la integración de un grupo interdisciplinario coordinado por la administración estatal, para que elabore un diagnóstico de la situación socioeconómica y laboral de las personas jornaleras agrícolas en la entidad, con el objetivo de iniciar un programa emergente de trabajo.

También, instruir a la STPS del Estado para que incremente las inspecciones anuales en los campos agrícolas, iniciando los procedimientos administrativos respecto de los patrones o empresas agrícolas que incumplan con sus obligaciones laborales; y se determine el número de patrones o empresas agrícolas, existentes e inspeccionadas, así como el número de procedimientos administrativos iniciados.

La CNDH recomienda asimismo establecer mecanismos específicos para la recepción de denuncias e inconformidades de los trabajadores agrícolas, para que puedan recibir asesoría y asistencia jurídica en la defensa de sus derechos laborales y el inicio de los juicios laborales, los cuales deben llevarse a cabo en su lengua.

La STPS debe vincular a la población jornalera agrícola con todo el aparato de producción del sector y, con el apoyo de las autoridades federales, impulsar el crecimiento del padrón de empresas o patrones agrícolas incorporados al subprograma de movilidad laboral por temporada.

Por otro lado, se debe instruir a quien corresponda para que se atiendan las recomendaciones contenidas en el “Informe del Grupo de Trabajo Conformado para Atender la Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres en el Estado de Baja California”.

Al gobernador y alcalde de Ensenada los exhorta incluso a colaborar en las denuncias que la CNDH presentará ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California, por las conductas imputables a los servidores públicos de las corporaciones policiacas y de seguridad pública involucrados en las detenciones arbitrarias y afectaciones a la integridad personal.

En la lista de recomendaciones, el organismo nacional llama a los dos mandatarios a que brinden la atención médica y psicológica a las víctimas, y ordenar la inscripción de los afectados en el Registro Nacional de Víctimas, proporcionándoles asistencia y asesoría para que accedan al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.

El 17 de marzo de 2015, trabajadores de ranchos agrícolas del sur de Ensenada, se levantaron en una protesta masiva en contra de las inadecuadas condiciones laborales, de seguridad y de violación a derechos humanos que padecían, como salarios bajos, horas extras sin pago, carencia de afiliación al seguro social y de otras prestaciones de ley, además de acoso sexual a mujeres jornaleras.

Como parte de la protesta, los manifestantes bloquearon la carretera Transpeninsular. En el desalojo realizado por elementos de Seguridad Pública del Estado, del municipio y de la Policía Federal, fueron detenidos de forma violenta y arbitraria más de 200 trabajadores agrícolas, mujeres y hombres, entre ellos 50 menores de edad.

Tras varios intentos de acuerdo con autoridades estatales y federales, el 8 de mayo, el entonces subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, faltó al encuentro programado unas semanas atrás, lo que generó el descontento de los trabajadores agrícolas.

Los inconformes tomaron nuevamente la Transpeninsular, por lo que elementos de la fuerza pública estatal y municipal se enfrentaron con habitantes de la zona, utilizando balas de goma y un vehículo blindado denominado “Rinoceronte”, mientras los ciudadanos utilizaron palos y piedras.  Hubo 10 detenidos, incluyendo tres menores de edad.

Luego de algunos encuentros, representantes de los jornaleros llegaron a acuerdos con las autoridades federales y estatales, en los que se establecía el cumplimiento de las garantías laborales y el aumento del salario de los trabajadores del campo.

Ante el incumplimiento de los acuerdos y el registro de despidos masivos, señalados como represalias por parte de las empresas contra la movilización, se interpusieron más de 100 denuncias laborales, en las que se llegaron a arreglos económicos en algunos casos.

También se convocó a un boicot contra las principales empresas agrícolas del sur de Ensenada, como Driscolls, el cual tuvo eco a nivel internacional. La inconfirmidad por las condiciones laborales en el valle de Ensenada, aunque con mucha menor intensidad, continúa en la actualidad (kcm).