Baja California | 20 de Febrero de 2015

El expolicía municipal Alfredo Cuevas Higuera, detenido, procesado y absuelto de varios delitos federales relacionados a la delincuencia organizada sale de la Secretaría General de Gobierno Municipal tras una reunión que sostuvieron organizaciones no gubernamentales con funcionarios del Ayuntamiento en la que trataron por séptima ocasión la reinstalación y pago por daños y perjuicios cometidos contra él y 24 otros agentes Foto Miguel Cervantes Sahagún

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Miguel Cervantes Sahagún

Tijuana, 20 de Febrero.- Por séptima ocasión, abogados e instituciones de Derechos Humanos se entrevistaron con representantes del Ayuntamiento de la ciudad para reclamar la reparación de daño y pago de salarios caídos y restitución de empelo de 25 policías municipales detenidos y acusados de pertenecer al crimen organizado en el 2009 que finalmente fueron absueltos por tribunales federales.

La directora de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de las Derechos Humanos, Nancy López, informó que el Ayuntamiento de Tijuana continúa prolongando su negativa para acatar la recomendación 87/2011 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos respecto a que debe cumplir con la reparación de daños y perjuicios cometidos contra policías locales.

Los policías sostienen que los sometieron a tortura durante marzo del 2009 para que reconocieran que formaban parte de la delincuencia organizada que agobió a la ciudad durante la década pasada.

La activista acusó que personal de Sindicatura, Secretaría General de Gobierno y Jurídico del Ayuntamiento evadió la responsabilidad del municipio, y durante una reunión que sostuvieron este jueves, dijeron no tener claridad de la forma como podrían reparar los daños a los agentes afectados.

"Esto a pesar de que les hemos insistido que ya existe una Ley General de Víctimas que define todo un marco legal para implementar los mecanismos para ponerlas en práctica.

“Esta es la cuarta reunión que llevamos a cabo con este Ayuntamiento y tres más con dos administraciones anteriores y en cada una de esas juntas sólo ha habido compromisos verbales que no llegan al cumplimiento de las exigencias prolongadas ya por meses y años”, declaró Nancy López.

Durante el gobierno municipal del panista Jorge Ramos Hernández (2007-2010) se puso en práctica una purga al interior de la corporación policíaca por considerar que era el área operativa y ejecutora del crimen organizado.

A la cabeza de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal estuvo el militar Julián Leyzaola Pérez, quien en coordinación con la Segunda Zona Militar detuvo a jefes y policías bajo sospecha de que eran miembros activos del cártel de los Arellano Félix o de la facción disidente encabezada por Teodoro García Simental, alias “El Teo”.

En marzo y junio del 2009 Leyzaola fue acusado de realizar personalmente las detenciones de agentes y otros subordinados mismos que trasladó al Cuartel Militar Morelos de esta ciudad para ser sometidos a interrogatorios por parte de militares.

Los 25 policías detenidos y consignados fueron trasladados a la ciudad de México y después sujetos a procesos mientras permanecían en el Cefereso 4 de Nayarit.

A lo largo de tres años todos obtuvieron su libertad. El último imputado salió en el 2012 absuelto de todos los cargos, según Nancy López.

Ex MP acusado hoy es asesor del Ayuntamiento.

El director ejecutivo de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, Raúl Ramírez Baena, dijo que para sorpresa de los activistas encontraron que uno de los indiciados en las acusaciones contra Julián Leyzaola, de nombre Victor Manuel Flores Mirafuentes, estuvo presente en la reunión celebrada en la Secretaría General de Gobierno.

“Resulta inaceptable que alguien que actuó como agente del Ministerio Público Federal en el 2009 y que fue perpetrador de la tortura contra los agentes municipales estuviera presente como asesor jurídico del Ayuntamiento”, afirmó Ramírez Baena, quien ha defendido al grupo de exagentes detenidos.