Baja California | 19 de Septiembre de 2017

La desaladora de Rosarito es uno de los proyectos incluidos. Foto tomada de la página nscagua.com

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Mireya Cuéllar

Tijuana, 19 de septiembre.- La deuda que Humberto Moreira heredó a los coahuilenses -en medio de un escándalo que le costó la dirigencia nacional del PRI- se estimó en 35 mil millones de pesos; la de César Duarte (hoy prófugo de la justicia) a Chihuahua, en 49 mil 500, y Francisco Kiko Vega pretende legar a los bajacalifornianos un compromiso de 82 mil millones de pesos vía “obligaciones de pago” para los próximos 37 años en tres contratos de Asociación Público-Privada (APP).

Los proyectos son dos desalinizadoras -una en Rosarito y otra en Ensenada- y una obra de drenaje para Mexicali que se pagarán a través de los recursos recaudados por los organismos operadores de abasto de agua potable de cada municipio.

El Congreso deberá analizar en los próximos días el Dictamen número 95 en el que además de hacer ajustes para ampliar en un año -hasta el último día de 2018- la autorización al gobernador para la contratación de dichas “obligaciones de pago” y los “montos máximos por concepto de la contraprestación” derivada de los contratos, se establecen las garantías de pago de las “contraprestaciones” a las empresas.

Estas garantías fueron demandadas por los bancos -en el caso de la desalinizadora que se pretende instalar en terrenos que fueron adquiridos al ejido Mazatlán-, a la empresa Aguas de Rosarito SAPI de CV. El Banco de Desarrollo de América del Norte, quien estimó el costo de la obra en 463.1 millones de dólares, está dispuesto a prestar hasta 100 millones, según la propuesta de certificación y financiamiento del proyecto que publicó la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (Cocef) el pasado 16 de diciembre.

Los tres contratos motivo del dictamen representaran un desembolso de 70 mil 607 millones de pesos más IVA, lo que da 81 mil 904.12 millones de pesos, en números redondos 82 mil millones, que significan un crecimiento exponencial de la deuda estatal, han señalado algunos legisladores como Miguel Osuna Millán.

El proyecto más grande es la desaladora de Rosarito, y la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt) es quien se compromete a pagar -con lo que ingrese por suministro de consumo a los usuarios- a la empresa Aguas de Rosarito 149 millones 312 mil 18 pesos (más IVA) mensualmente, por lo que al cabo de 37 años de vigencia del contrato el desembolso total será de 66 mil 158 millones de pesos (más IVA). De esta deuda el gobierno del estado ha solicitado al Congreso ser responsable solidario.

Para la desaladora de San Quintín el gobierno del estado pretende se le autorice ser deudor solidario y dar garantías por un monto total de 568 millones de pesos. En este caso la fuente de pago será la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (Cespe) quien garantizará los 11 millones 136 mil 150  pesos (más IVA) que se pagarán mensualmente durante 30 años, lo que implicará un desembolso total de 4 mil 008 millones, que serán entregados a un fideicomiso, a través del cual Desaladora Kenton SA de CV (la empresa que la construirá y operara) pagará al Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN) el crédito que recibirá.

Sobre este caso particular, el BDAN, quien publicó la propuesta de certificación y financiamiento del proyecto porque le prestará hasta 700 millones de pesos a Desaladora Kenton, reporta que el fideicomiso para el pago ya fue formalizado y tiene el número 18325 “con el Banco del Bajío  y servirá como mecanismo de pago para el crédito del BDAN de acuerdo con el Contrato APP”.

“Los montos afectados por DK al Fideicomiso cubrirán el servicio de la deuda del Proyecto y el retorno de la inversión de DK (T1), costos fijos de operación y mantenimiento (T2), y los costos variables (T3). DK facturará a CEA (por un monto equivalente a T1+T2+T3 de forma mensual. La obligación de CEA derivada del CAPP será garantizada por una Línea de Crédito Contingente y Revolvente (LCCR) contratada por Cespe con un banco comercial o de desarrollo. Los derechos de ejecución de la LCCR, que están garantizados por el gobierno del estado de Baja California a través de una afectación irrevocable de un porcentaje del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal o ISRTP (el “Mecanismo de Garantía”), serán transferidos al Fideicomiso de Administración y Fuente de Pago. 

En el caso de que los fondos de la Cespe sean insuficientes o no estén disponibles, el Fideicomiso pagará el crédito del Proyecto automáticamente al ejecutar el LCCR, esto asegurando que los pagos sean realizados de manera completa y puntual”, dice en la página 25 del proyecto, publicado el pasado 15 de mayo.

“BDAN realizó un análisis financiero de CESPE y del Mecanismo de Garantía. La proyección de flujos de efectivo indica que Cespe puede asumir la obligación financiera del CEAB el cual es un espejo de las obligaciones de CEA con DK derivados del CAPP. Sin embargo, el análisis revela que Cespe necesita mejorar sus márgenes operativos incrementando sus ingresos por servicios y manteniendo el crecimiento de sus costos de operación significativamente menor al crecimiento de sus ingresos, de no ser así, la LCCR podría ser ejecutada por el Fiduciario para cubrir las obligaciones mensuales del CEAB con CEA”, dice para mayor precisión.

De los tres proyectos, el más pequeño es el que tiene que ver con los drenajes pluviales de Mexicali. En este caso la involucrada es la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, quien otorgó un contrato a la empresa Operadora de Pluviales de Mexicali SA de CV, que implica un pago mensual de 2 millones 453 mil pesos durante 15 años, por lo que el desembolso total será de 441 millones de pesos. En este caso el Gobierno del Estado pide autorización para ser deudor solidario y dar garantías específicas por la cantidad de 254 millones de pesos.

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