Baja California | 19 de Junio de 2019

La política migratoria del Estado mexicano evidencia una estrategia basada en detección, detención y deportación, con el despliegue masivo de fuerzas militares para sellar la frontera sur. Foto Luis Castillo / La Jornada

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Redacción

Tijuana, 19 de junio.- México dejó de ser un país refugio para migrantes, al asumir una política de persecución y criminalización de personas que huyen de sus lugares de origen por violencia y pobreza, alertaron organizaciones defensoras de derechos humanos y acusaron que esto es resultado del acuerdo económico/migratorio firmado con Estados Unidos.

En un comunicado de prensa que emitieron en el marco del Día Mundial de los Refugiados, rechazaron las medidas adoptadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y advirtieron que "la criminalización, la persecución y las deportaciones masivas caracterizan ahora una política migratoria cada vez más semejante a la que aplica nuestro vecino del norte, en perjuicio de la migración mexicana".

Solicitaron claridad "no sólo con la estrategia de securitización para detener la movilidad humana, sino con los protocolos de actuación de la Guardia Nacional, Marina, Sedena, y demás fuerzas policiales comisionadas al cumplimiento de estas medidas orientadas a la contención del flujo migratorio".

Esto con el fin de evitar violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas.

Urgieron a que "el gobierno federal convoque a organismos internacionales que velan por los derechos humanos para que brinden asistencia técnica en la implementación de una estrategia de atención a la migración, acorde al respeto por la vida, integridad y dignidad de todas las personas".

Expresaron su rechazo "a la manera en que se ha colocado a las personas solicitantes de asilo y migrantes, en su mayoría familias, como moneda de cambio en una negociación aberrante donde se pondera el valor de las mercancías sobre la vida y la dignidad de las personas".

Families Belong Together México, Comité Estratégico de Ayuda Humanitaria Tijuana, Espacio Migrante, la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste y Asylum Access México (AAMX) A.C. expusieron: "observamos con preocupación que el discurso presidencial, en un principio humanista y solidario hacia la migración, ahora se torna por un lado, en crueles medidas de contención con un muro militar en la frontera sur; y por el otro, en el abandono institucional de quienes solicitan asilo en Estados Unidos, y son retornados a México, bajo el programa conocido como 'Remain in México', a esperar su largo proceso sin ninguna protección, mucho menos atención humanitaria".

La política migratoria del Estado mexicano bajo la actual administración evidencia una estrategia basada en la detección, detención y deportación, de lo cual, da cuenta el despliegue masivo de fuerzas militares para sellar la frontera sur y deportar diariamente a mil 500 personas, señala el boletín.

En el texto se califica a dichas acciones como violatorias de los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos y la normatividad mexicana, "lo cual es sumamente preocupante, en virtud de que han anulado el derecho a buscar protección internacional de miles de familias que huyen de la violencia y persecución en sus países de origen".

Cierran filas para ayudar y documentar violaciones

Los activistas refirieron que en el contexto actual, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos también han sido blanco de criminalización, por lo que anunciaron que cerrarán filas para seguir trabajando y documentar y atender las violaciones a derechos humanos "que ya estamos presenciando con consecuencia de tan desafortunada estrategia anti inmigrante de los gobiernos de México y Estados Unidos".