Baja California | 19 de Junio de 2017

El Congreso local tenía 30 días para desechar la propuesta presentada el 8 de marzo pasado. Foto Luis Arellano Sarmiento

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Luis Arellano Sarmiento

Mexicali, 19 de junio.- El Congreso de Baja California está violando la Ley de Participación Ciudadana, porque no ha dado trámite a una iniciativa presentada desde el 8 de marzo pasado, señaló el abogado Daniel Solorio Ramírez.

El integrante de la agrupación Mexicali Consciente explicó que los legisladores tenían un plazo de 30 días para desechar de plano la iniciativa, por lo que ahora la ley les obliga a dictaminarla en comisiones y posteriormente en el pleno del Congreso.

La agrupación mexicalense presentó una iniciativa para abrogar la Ley de Asociaciones Público Privadas (APP), respaldados por mil 111 personas que firmaron para eliminar esa ley estatal en la entidad, relató el catedrático universitario.

Destacó que la Ley de Participación Ciudadana exige un mínimo de 500 firmas para presentar una iniciativa, pero la solicitud duplicó esa cantidad para eliminar la posibilidad de que el Instituto Nacional Electoral (INE) expresará irregularidades en las mismas.

“Estamos en la etapa de decidir cuál es el paso que sigue, porque el Congreso del Estado está violando la Ley de Participación Ciudadana al no darnos respuesta y no darle curso, no darle el trámite que establece la ley a nuestra iniciativa”, aseveró el licenciado en derecho.

Refirió que Mexicali Consciente sesionará en unos días para decidir a qué estrategia legal recurrirán, toda vez que han recibido el apoyo de agrupaciones de otros municipios del estado.

Mencionó que es evidente la postura del gobernador del estado al aplaudir la ley de APP, pero el Poder Legislativo está obligado a dictaminar la propuesta de abrogación.

Por su parte, Raúl Ramírez Baena, también integrante de Mexicali Consciente, explicó que la ley combatida posibilita el endeudamiento millonario del estado por muchos años, de ahí la intención de eliminarla de la legislación local.

“No hemos tenido respuesta por parte del Congreso, nosotros solicitamos una reunión con la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para precisamente plantearles nuestra iniciativa, nuestro interés y la importancia de abrogar la ley estatal de APPs”, indicó el abogado.

El ex procurador de derechos humanos en Baja California agregó que a falta de respuesta por parte de los diputados “tenemos que diseñar otras estrategias para que el Congreso nos escuche y se dictamine esa iniciativa para llevarla al pleno; hay un silencio, una cerrazón para respondernos, incluso oficialmente por escrito, ya hemos solicitado esa reunión”.

Una de las opciones es presentar una demanda de amparo contra el Poder Legislativo, arguyendo violación al derecho de petición que consagra la Constitución federal en su artículo octavo, explicó el integrante de Mexicali Consciente.