méxico | 19 de Mayo de 2019

Llevan cuatro meses de resistir la embestida de los 200 sicarios de Los Ardillos, “y no hemos recibido ningún apoyo de los tres niveles de gobierno”. Foto Tomada del video

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Sergio Ocampo Arista / La Jornada

Chilpancingo, Guerrero, 19 de mayo.- Mujeres nahuas del poblado Rincón Tapila, municipio de Chilapa de Álvarez, anunciaron que tomaron las armas porque fueron desplazadas, junto con sus familias, por grupos de la delincuencia organizada que operan en la región de la Montaña Baja de Guerrero.

En videos difundidos por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF), como lo hicieron niños de Rincón de Chautla, del mismo municipio, el pasado 12 de mayo, las mujeres indígenas se presentaron empuñando armas de fuego, algunas cargando a sus bebés.

Para el gobierno del estado, según dijo el vocero de seguridad, Roberto Álvarez Heredia, el video difundido en redes sociales tiene el propósito de llamar la atención, porque de acuerdo con el reglamento de la CRAC-PF, a la organización se le permite reclutar mujeres.

En su presentación, mujeres y niñas recuerdan que desde el 19 de diciembre de 2018 huyeron de sus hogares para refugiarse en Rincón de Chautla, debido a los ataques del grupo criminal Los Ardillos, y por ser sobrevivientes de violencia decidieron tomar las armas para defenderse.

Acusan que en esa fecha 12 personas desaparecieron, la mayoría menores de edad, y hasta hoy las autoridades municipales no han emprendido búsqueda alguna.

Tras un enfrentamiento armado entre integrantes del Movimiento por la Paz y Justicia (civiles armados al servicio de Los Ardillos) contra miembros de la CRAC-PF, 12 personas fueron privadas de su libertad, señalaron en su momento comisarios de los pueblos.

Las mujeres reclamaron a los gobiernos federal, estatal y municipal, la falta de apoyos para enfrentar a la delincuencia y las carencias con las que viven los desplazados.

Hasta hoy, dijeron, no existe reparación del daño para las víctimas del ataque del grupo delictivo; además dejamos todo por el miedo, salimos huyendo sin comida, ropa, ni cobertores.

“Hacemos un llamado a los tres órdenes de gobierno, porque fuimos atacados por delincuentes del grupo Los Ardillos; nos atacaron a tiros y duró una hora el enfrentamiento”, aseguró Rosaura N, comandante de la CRAC-PC-PF.

También piden al presidente Andrés Manuel López Obrador que “envíe la Guardia Nacional (para que) atienda nuestras demandas (de seguridad)”.

“Estamos ubicados –añadieron– en una cañada de montaña, con puro cerro de piedra; además, lo que producimos, maíz, frijol y calabaza es el sustento familiar de cada año para nuestros niños y los pueblos nahuas del estado de Guerrero”.

Otra mujer afirma que llevan cuatro meses de resistir la embestida de los 200 sicarios de Los Ardillos, “y no hemos recibido ningún apoyo de los tres niveles de gobierno”.

Por eso solicitan la construcción de viviendas, entrega de víveres, medicamentos, un maestro de nivel prescolar, “equipo y uniformes para los policías comunitarios, vehículos, radios y una ambulancia para que apoye a la comunidad”.

Autoridades están ciegas

Una menor de edad acusa al gobierno de Guerrero y sus funcionarios de estar ciegos, porque “nosotros, los niños de Rincón de Chautla, jugamos pateando botes y las autoridades no se dieron cuenta de que el 30 de abril (Día del Niño), no hubo juguetes; el 10 de mayo tampoco hubo regalos para nuestras madres”.

Agrega: “nuestra formación no es que lo piensa el gobierno (de ser niños violentos). Nosotros queremos vivir en tranquilidad y paz como nuestros antepasados, siguiendo la frase ‘donde el pueblo y la autoridad obedece’, los pueblos originarios nos regimos por usos y costumbres”.

En un comunicado de prensa, el vocero de seguridad, Roberto Álvarez Heredia, dijo que el anuncio de la CRAC-PF no tiene la intención de que realicen actividades de la policía, pues los consejeros le aclararon que de acuerdo con sus reglas, reclutan mujeres que ayudan a reducar a quienes son detenidas por infracciones menores y atienden a víctimas de delitos, entre otras diligencias, propias de su género.

El gobierno del estado anunció el envío de apoyos sociales para las comunidades indígenas de Chilapa de Álvarez, construcción de aulas, entrega de láminas para vivienda, así como médicos y medicinas para una clínica rural, entre otros.

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