Baja California | 19 de Abril de 2018

Cuesta trabajo pensar que en una concesión que implica un desembolso de 86 mil millones de pesos, el gobernador Francisco Vega ignorara que existía un claro conflicto de intereses; en la imagen, colocación de la primera piedra, el 23 de marzo pasado. Foto Roberto Córdova-Leyva

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Andrés Tamariz

Tijuana, 19 de abril.- La concesión para la Asociación Público Privada (APP) otorgada por el gobierno de Francisco “Kiko” Vega a la empresa N.S.C. Agua para construir y operar una desaladora en Playas de Rosarito se realizó fuera del marco legal, por lo que el proceso de adjudicación puede ser demandado ante los tribunales por cualquier ciudadano.

El informe anual entregado a la Security Exchange Commission (Comisión de Bolsa y Valores, SEC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos con fecha de 31 de diciembre de 2017 por Consolidated Water Co. Ltd., empresa propietaria del 99.9% de las acciones de N.S.C. Agua, y del 99.6% de Aguas de Rosarito S.A.P.I. de C.V., señala que el contrato de la APP fue ejecutado el 22 de agosto de 2016 con el Gobierno de Baja California, representado por el secretario de Planeación y Finanzas, que en esa fecha era Antonio Valladolid Rodríguez, quien renunció al cargo en abril de 2017.

El asunto que genera la irregularidad en el otorgamiento de la concesión de la APP es el hecho de que el señor Alejandro de la Vega Valladolid, socio de Norte Sur Agua S. de R. L. de C.V. -la empresa que fundó N.S.C. Agua S.A. de C.V. (a la que se le asignó la concesión)- es primo del ex secretario de Planeación y Finanzas, Antonio Valladolid Rodríguez.

La ley de responsabilidades de servidores públicos del estado de Baja California, vigente hasta diciembre de 2017 señala, entre otros, en el artículo 47, fracción XVI que los funcionarios deben abstenerse de:

“Intervenir en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas en la atención, tramitación o resolución de asuntos, celebrar o autorizar pedidos o contratos relacionados con adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicio de cualquier naturaleza, la contratación de obra pública y servicios relacionados con la misma, en los que se tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que puede resultar algún beneficio para el servidor público, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tengan relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público a las personas antes referidas formen o hayan formado parte...” 

Las pruebas de que Alejandro Vega Valladolid fue socio de esta empresa se encuentran en la demanda que la empresa norteamericana EWG Water LLC litiga en contra de Alejandro de la Vega Valladolid, Norte Sur Agua S.A. de C.V. y N.S.C. Agua S.A. de C.V. 

A pesar de la “ingeniería” para cambiar de nombre a la empresa originaria y borrar las huellas de De la Vega Valladolid, cuesta trabajo pensar que en una concesión que implica un desembolso de 86 mil millones de pesos, el gobernador Francisco Vega ignorara que existía un claro conflicto de intereses entre su secretario de Planeación y finanzas y los accionistas y ex accionistas de la empresa a la que se le otorgó la concesión.

Aunque la matriz (Consolidated Water Co.), dueña de la empresa constituida en México a la que se le otorgó la concesión (N.S.C. Agua) tiene su domicilio en el paraíso fiscal de las islas Gran Caimán, sus acciones y deuda se negocian en los mercados de Estados Unidos, por lo que debe ceñirse a la reglamentación estadunidense respecto al otorgamiento de sobornos en el extranjero. En este mismo sentido, los nuevos accionistas o financistas de esta empresa deberán estar pendientes de no incurrir en responsabilidades marcadas en la ley citada.