Chihuahua | 19 de Febrero de 2019

En la madrugada del 19 de febrero de 2006 colapsaron varios túneles en la mina, ubicada en la región de Nueva Rosita, Coahuila, por lo cual quedaron atrapados los obreros que laboraban en ese turno. Foto José Carlo González / Archivo La Jornada

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Emir Olivares Alonso y Néstor Jiménez / La Jornada
Ciudad de México, 19 de febrero. El gobierno federal propuso que expertos analicen la posibilidad de rescatar los cuerpos de los mineros atrapados en la mina de Pasta de Conchos, en Coahuila. El presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo dispuesto a pedirle a la empresa propietaria, es decir, a Grupo México, que se contemple esta petición.

Al cumplirse 13 años de la tragedia por la explosión en la mina de carbón, el mandatario nacional sostuvo que “yo he planteado sobre este caso que no se descarte incluso el que, mediante una decisión voluntaria y concertada, la empresa lleve a cabo una exploración para sacar los restos de quienes quedaron atrapados en la mina”.

En la madrugada del 19 de febrero de 2006 colapsaron varios túneles en la mina, ubicada en la región de Nueva Rosita, Coahuila, por lo cual quedaron atrapados los obreros que laboraban en ese turno.

Independientemente de la impartición de justicia y la reparación de los daños, para los familiares de las víctimas lo más importante es tener los restos de sus familiares, indicó el presidente López Obrador, quien consideró que ello “ayudaría mucho en la reconciliación entre las partes”, por lo que recomendó que especialistas de distintos países opinen si es posible rescatar los cuerpos.

Al ser cuestionado durante su conferencia de prensa matutina de este martes sobre la posición del gobierno mexicano frente a los litigios que dieron comienzo el año pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentados por los familiares de las víctimas, AMLO indicó que están en condiciones de liberar los procesos necesarios y no litigar en hechos que obstruyan la procuración de justicia.

Deudos de los 65 mineros fallecidos (de los que sólo dos fueron rescatados) se reunieron ayer con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, quien se comprometió a instalar una mesa de trabajo para construir una ruta con el fin de buscar los restos de los 63 trabajadores que aún permanecen sepultados en el  lugar.

Cristina Auerbach, de la Organización Familia Pasta de Conchos, indicó este lunes que la mesa representa un avance para los deudos que han mantenido una larga lucha y una terrible espera de 13 años, donde en tres administraciones federales distintas (Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto), de dos partidos políticos (PAN y PRI), no se respondió a sus principales demandas: el rescate de los cuerpos, acceso a la verdad y la justicia y sanción a los responsables.

Tras la reunión, el subsecretario Encinas informó en su blog personal que a 13 años de la tragedia –que se cumplen este 19 de febrero– el Estado mexicano manifestó su colaboración y solidaridad con los familiares.

A su vez, representantes de las víctimas ofrecieron una entrevista con varios medios de comunicación en la que afirmaron que si bien el compromiso de Encinas es una buena señal, no hay un cheque en blancopara la administración de Andrés Manuel López Obrador. La disposición para una salida amistosa se dará sólo si se empieza con la recuperación de los restos, de lo contrario no será viable esa opción.

Enlistaron a algunas personas que pudieron evitar la explosión y que posteriormente incurrieron en encubrimientos: "Grupo México, el ex titular de la Secretaría del Trabajo, Javier Lozano; ex procuradores de justicia, los ex mandatarios estatales Humberto y Rubén Moreira y el Sindicato Minero, por citar algunos".

Dijeron que desde el año 2000 se demostró técnicamente que la mina no estaba en condiciones para permanecer en operaciones y aún así la empresa, con el apoyo de autoridades, siguió su explotación, lo que generó la tragedia aquel 19 de febrero de 2006.

Stephanie Erin Brewer, coordinadora del área jurídica del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, recordó que en 2010 un total de 58 familias interpusieron un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que ese organismo analizara el caso ante la falta de justicia en existente en el país. Agregó que el compromiso de Encinas no detiene el proceso a nivel internacional.

 
 

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