méxico | 18 de Octubre de 2018

"Hay que recordar que adicionalmente, en tales cuencas se pretenden desarrollar proyectos que ponen en riesgo la calidad y disponibilidad del agua para satisfacer el derecho humano al agua, como hidroeléctricas, agroindustriales y minería metálica". Foto google maps

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Redacción / La Jornada
Ciudad de México, 18 de octubre.- Habitantes y usuarios de las cuencas de los ríos Actopan y La Antigua, en Veracruz, con asesoría del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, obtuvieron la suspensión de plano por parte de un Juez de Distrito del decreto contra la reserva de agua establecida por la Conagua en esa región.

El juicio de amparo fue contra uno de la serie de decretos de reserva decretados en junio por la Conagua. Por acuerdo del día 16 de octubre, el Juzgado Décimo Octavo de Distrito admitió a trámite la demanda de amparo, y ordenó la suspensión de plano del Decreto.

En la suspensión decretada por el juez se ordena que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, se suspendan los actos derivados del decreto desde la fecha en que se presentó la demanda de amparo y no se lleven a cabo actos derivados del decreto, mientras se resuelve el juicio de amparo.

La figura de zonas de reserva de agua es un instrumento del marco legal cuyo fin es garantizar agua para distintos fines. No obstante ello, en el caso en concreto, el proceso de creación y publicación de este Decreto tiene serios vicios y violaciones a derechos humanos. Por ello el 18 de julio fue interpuesta la citada demanda de amparo aunque en un primer momento, tal demanda fue desechada por el Juzgado Décimo Octavo de Distrito, pero se interpuso un recurso de queja, que fue resuelto el 4 de octubre de 2018 por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, ordenando que se admitiera la demanda de amparo.

Se argumentó que en el proceso de discusión y aprobación, la Conagua y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no garantizaron los derechos de acceso a la información pública y a la participación en asuntos públicos en relación con los derechos al agua y a un medio ambiente sano, en especial de las personas que pudieran ser afectadas con tal medida.

Tampoco justificaron de forma suficiente el cumplimiento de los objetivos de la vedas, ni tomaron la decisión con información actualizada y que tomara en cuenta todos los aspectos sociales, ambientales y culturales de tales cuencas. Hay que recordar que adicionalmente, en tales cuencas se pretenden desarrollar proyectos que ponen en riesgo la calidad y disponibilidad del agua para satisfacer el derecho humano al agua, como hidroeléctricas, agroindustriales y minería metálica.

El Juez argumentó que "con la implementación del decreto, las comunidades de los aquí quejosos corren el riesgo de que se puedan afectar sus derechos a gozar del mínimo vital que requieren y la región donde ellos habitan no sean objeto de manera arbitraria de un uso desmedido del agua, pues la eliminación de las vedas de casi trescientas cuencas hidrológicas en el país (que equivalen al cincuenta por ciento de lagos y ríos del país), significa que no habrá impedimentos para la extracción de aguas en estas cuencas."