méxico | 18 de Junio de 2019

El juez ordenó suspender de manera definitiva el proyecto del aeropuerto Felipe Ángeles y su construcción hasta que se tengan todos los dictámenes y permisos. En la imagen, la base militar de Santa Lucía, en abril pasado. Foto Pablo Ramos / archivo La Jornada

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César Arellano García / La Jornada
Ciudad de México, 18 de junio. El juzgado octavo de distrito con residencia en el estado de México otorgó dos nuevas suspensiones contra el aeropuerto de Santa Lucía. Con estos, son siete los recursos de amparo que son aceptados a revisión.

De acuerdo con el expediente 599/2019, en el primer recurso se ordenó no cancelar el proyecto de construcción de la terminal área en Texcoco, donde las obras pararon luego de una consulta popular que organizó el actual gobierno federal.

Además, ordenó suspender de manera definitiva el proyecto del aeropuerto Felipe Ángeles, en la base militar de Santa Lucia, en el estado de México, y su construcción hasta que se tengan todos los dictámenes y permisos que exigen las leyes, se cuente con la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia y se entreguen los estudios en materia de seguridad, viabilidad aeronáutica, prospección arqueológica y estrategia de viabilidad social, política e interinstitucional.

En la segunda, radicada en el expediente 5090/2019, el juez concedió la suspensión definitiva en contra de la Ley de Ingresos de la Federación de los ejercicios fiscales de 2015 a 2018, donde los promotores reclamaron el incremento de la Tarifa de Uso Aeroportuario, impuesto que se usó para financiar el proyecto de Texcoco. Con la terminal de Santa Lucía, buscan que ese gravamen no se cobre y que tampoco lo recaudado por ese fin se destine a esas obras.

Por otro lado, se obliga a las autoridades a que mantengan los avances de la construcción en el lago de Texcoco exactamente en el estado en que se encuentran, es decir, que se paralice cualquier orden de destruir, desaparecer, desmantelar, demoler, inundar o cualquier otra forma de modificación.

Hasta el momento organizaciones sociales y grupos civiles han promovido 147 demandas de amparo en Ciudad de México, Morelos, estado de México, Jalisco, Coahuila, Nuevo León, Quintana Roo y San Luis Potosí.

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