Baja California | 18 de Abril de 2017

Foto Mireya Cuéllar

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Redacción

Tijuana, 18 de abril.- El patronato del proyecto “Zócalo 11 de Julio” estimó ayer que en un mes el Tribunal Colegiado de Mexicali desechará el último de los recursos jurídicos que han detenido la obra, y anunció que la Torre Emblema, originalmente pensada en 4 pisos, podría ser en realidad de 26, ante el interés que el proyecto ha despertado en los inversionistas.

Al final de una reunión con el alcalde, donde Juan Manuel Gastélum ofreció su respaldo al patronato para que siga adelante con la obra, Ricardo Zamora, consejero jurídico del patronato, explicó que el tribunal contencioso administrativo resolvió que no había razón para mantener detenida una parte de la obra –toda esta concebida en tres predios o claves catastrales, y una de ellas es la afectada por las decisiones judiciales- y que están por salvar el tema con la resolución del colegiado.

La obra ha ido caminando muy lentamente – se está trabajando la primera etapa, que incluye la plaza de acceso al edificio del gobierno del estado y el anfiteatro-, y si bien ya se avanzó en el 75 por ciento de la primera etapa, representa apenas el 15 por ciento del complejo total que unirá a los edificios gubernamentales con la plaza Río y el Cecut.

Hasta el momento se han invertido 180 millones de pesos en la primera etapa y 100 más en la que se encuentra suspendida, todos ellos provenientes de la federación, quien destinó 330 millones de pesos al proyecto. El costo total estimado del Zócalo 11 de Julio es de mil 300 millones de pesos, que se ha elevado con el retraso.

Los arquitectos explicaron que las empresas Fibra Uno, Sigza y Pulso Inmobiliario, han mostrado interés en el proyecto por lo que la Torre Emblema que se diseñó primero para 4 pisos y después para 16, ahora se está pensando que podría alcanzar las 26 plantas.

Desde marzo de 2015 un Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) resolvió que el Ayuntamiento de Tijuana debía exhibir los estudios de impacto ambiental y los permisos de uso del suelo de la obra, sin embargo fue hasta varios meses después que el municipio se vio obligado a clausurarla, so pena de acusar de desacato a Jorge Astiazarán. Ayer se dijo que todos los permisos están en regla.

Los defensores del parque Benito Juárez, encabezados por el abogado José Ángel Peñaflor, se oponen a la obra argumentando que los árboles que se ubican entre el palacio municipal y el de gobierno del estado serán derribados.

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