Baja California | 18 de Febrero de 2018

Elementos de la Secretaria de la Defensa Nacional revisan armamento de agentes de la Procuraduria General de Justicia de Baja California, a fin de verificar que se encuentre en buen estado, no haya sido modificado o alterado, y para confirmar que sea utilizado por el agente a cargo Foto La Jornada Baja California

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Mireya Cuéllar / La Jornada Baja California

Tijuana, 18 de febrero.- Veinte por ciento de las 900 armas que la policía de esta ciudad decomisó en el último año son de uso exclusivo del Ejército, y seis estaban cargadas, listas para ser usadas. Sin embargo, la posesión de armas de fuego no es un delito que implique prisión preventiva, por lo que 80 por ciento de los detenidos en esta frontera son liberados por un juez.

En la Primera Cumbre Internacional de Seguridad Ciudadana, organizada por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), los consulados de México en San Diego y de Estados Unidos (EU) en Tijuana, así como asociaciones ciudadanas y empresariales presentaron diagnósticos sobre el origen de la violencia en la ciudad.

Tijuana cerró enero de 2018 con cifra histórica de 185 homicidios dolosos que tienen desbordado el Servicio Médico Forense, el cual carece de un sistema de refrigeración para acumular tal cantidad de muertos, la mayoría no reclamados. En 2017 sumó mil 734, 90 por ciento más que en 2016, que ya había sido considerado el año más sangriento.

La ubicación geográfica opera contra la ciudad, dijo Marco Antonio Sotomayor, titular de Seguridad Pública municipal. Recordó que, hasta la década pasada, el problema fue el trasiego, el control de las rutas para hacer llegar la droga a EU. Ahora, dijo, el origen de la violencia está en la venta de estupefacientes en las calles, en el narcomenudeo, porque Tijuana tiene un problema creciente de consumo, y lo primero que el grupo que pelea el control de la plaza quiere asegurar es el comercio local.

Pero además hay una gran disponibilidad de armas, pues en EU no hay control en la venta y una revisión más exhaustiva de los miles de vehículos que todos los días cruzan desde el país vecino a México –unas 120 mil personas van a diario, la mayoría, a trabajar por las mañanas y regresan a dormir– haría perder tres o cuatro horas en la línea, lo que colapsaría la economía de la ciudad, aceitada por quienes ganan en dólares y con ellos pagan el supermercado y la renta.

El resultado es que la policía se topa todos los días con tres delitos en un solo incidente: personas que circulan en autos robados en posesión de armas y droga. Según el Nuevo Sistema de Justicia Penal, ninguno de ellos amerita prisión preventiva y el acusado puede salir libre bajo fianza.

Las condiciones en la frontera no van a cambiar, señaló el funcionario encargado de la seguridad municipal. Afirmó que 13 por ciento de las detenciones son por narcomenudeo. Hay gran cantidad de muertos que son tirados en la calle o asesinados en casas que la autoridad identifica como narcotienditas, pero no hay detenidos por esos hechos.

La policía municipal ha perdido en los 10 años recientes alrededor de 500 elementos –pues no pasan las evaluaciones que se han impuesto últimamente–, mientras la población creció y cuenta con entre 250 y 300 mil habitantes más. No han encontrado manera de reponerlos.

“(El cártel) Jalisco Nueva Generación busca el control a través de narcomenudistas y pandillas… entendemos a los jueces que fueron formados en un sistema garantista que funciona muy bien para los ciudadanos de bien, pero los delincuentes están abusando de él… hay que detenerlos tres o cuatro veces para, al final, recluirlos en cárceles”, se quejó.

Usaid promovió su programa Juntos para la prevención de la violencia –financiado con recursos del plan Mérida– en zonas metropolitanas del país (Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Chihuahua capital, Ciudad Juárez y Morelia) focalizado en la población joven de alto riesgo y operado por organizaciones comunitarias y empresariales que trabajan con una terapia cognitivo conductual.

Para el caso de esta ciudad fronteriza, está involucrada la organización Tijuana Innovadora, que encabeza José Galicot. Un objetivo de Usaid es incorporar a la iniciativa privada en estos programas a partir de que el cobro de piso es el segundo delito que más padece el sector empresarial y es importante que se involucre en la solución.

Con la tesis de que 0.5 por ciento de los habitantes de una comunidad provoca 75 por ciento de la violencia, y hay ciudades de EU donde el modelo de disuasión focalizada ha rendido frutos, éste también fue presentado en el foro.

Más que estudios y modelos para afrontar el problema de la violencia, el alcalde Juan Manuel Gastélum insistió en una entrevista posterior al encuentro, que si el gobierno federal quiere realmente combatir la violencia debe usar su mayoría en el Congreso y cambiar la legislación para que la portación de armas y de drogas sean delitos que ameriten cárcel; además, destacó las debilidades del nuevo sistema de justicia penal.