mundo | 17 de Diciembre de 2018

En México llamaron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a pronunciarse en favor de los derechos humanos; en la imagen, expresión de solidaridad desde Guatemala. Foto especial

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Emir Olivares Alonso / La Jornada

Ciudad de México, 17 de diciembre.- Las agresiones por parte de agentes del Estado y grupos paramilitares contra organizaciones defensoras de derechos humanos y periodistas en Nicaragua son inaceptables y representan una muestra más de la escalada represiva que desde abril pasado se vive en esa nación.

Un centenar de organizaciones defensoras de derechos humanos de México criticaron la actuación contra la ciudadanía y contra sus pares nicaragüenses del gobierno de Daniel Ortega, al que responsabilizaron por los ataques a la integridad los defensores y los comunicadores y urgieron a cesar la represión y buscar una salida política al conflicto. Asimismo, llamaron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a pronunciarse en favor de los derechos humanos.

En un pronunciamiento público dado a conocer este lunes, organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro Nacional de Comunicación Social, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los derechos para Todas y Todos", que agrupa a 87 Ong de 23 estados del país, condenaron las acciones del gobierno de Ortega y manifestaron su preocupación por la escalada represiva que se vive en Nicaragua como respuesta a las protestas sociales que se desencadenaron en abril de 2018.

"La inaceptable respuesta del gobierno nicaragüense ha generado una crisis de violaciones a los derechos humanos que hasta la fecha ha dejado un saldo de 325 personas asesinadas, 24 de ellas menores de edad, más de 603 presos políticos (40 de ellos, mujeres), más de 40 mil desplazados forzosamente a Costa Rica, y, 417 mil personas despedidas o suspendidas de sus puestos de trabajo".

Justo es en medio de este tipo de crisis -señalaron- que los organismos nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos juegan un papel central en la documentación de violaciones a las garantías fundamentales y en el acompañamiento a víctimas y personas que han sido criminalizadas por protestar.

"Debido a su valiente labor, estas organizaciones también han sido objeto de hostigamiento, amenazas y persecución".

La semana pasada, la Asamblea Nacional de Nicaragua decidió cancelar la personería jurídica a organizaciones sociales y políticas, incluyendo el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), así como al Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), al Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), a Hagamos Democracia, Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO), a la Fundación Popol Na, Instituto para el Desarrollo y la Democracia (IPADE), a la Fundación del Río y al Instituto de Liderazgo de las Segovias.

"Este acto constituye una violación al derecho de asociación y al derecho a defender derechos humanos, y deja en la indefensión al pueblo nicaragüense frente las violaciones", advirtieron las organizaciones mexicanas.

Recordaron que tras el retiro de la personería jurídicas, el pasado 13 de diciembre agentes de la Policía Nacional, en combinación con grupos paramilitares, ingresaron ilegalmente y atacaron las instalaciones de dichas organizaciones, así como oficinas de medios de comunicación críticos del gobierno. Golpearon a las personas que se encontraban dentro, sustrajeron papelería, equipos de cómputo y vehículos, y causaron distintos daños.

Las instalaciones de dichas organizaciones continúan bajo el control de la Policía Nacional y sus bienes fueron incautados por el gobierno. Cuando periodistas y defensores acudieron a las oficinas de la policía a pedir información sobre esta ilegal actuación, fueron agredidos nuevamente por policías antimotines.

"Las organizaciones que suscribimos el presente comunicado condenamos las violaciones masivas a los derechos humanos en contra del pueblo de Nicaragua, y en particular, la persecución contra las personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas. Responsabilizamos al gobierno de Daniel Ortega por los ataques a la integridad de las personas defensoras y periodistas que se deriven de estos hechos, y lo urgimos a cesar la represión y buscar una salida política al conflicto".

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