Baja California | 17 de Agosto de 2018

Con un posicionamiento formal, solicitaron al gobernador de Baja California que los reciba para poder hacer efectiva la regularización de los automóviles con un pago de impuestos justos. Foto Luis Arellano Sarmiento

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Luis Arellano Sarmiento

Mexicali, 17 de agosto.- Por desconfianza en la utilización de la información que recaben con un eventual censo de vehículos irregulares, la agrupación Anapromex se pronunció en contra del empadronamiento que anunció el gobierno de Baja California.

Una de los coordinadores nacionales de Anapromex, Giovanna Estrada Orozco, informó que en la entidad esta agrupación tiene un registro de 80 mil afiliados, pero estima que en todo el país haya más de 6 millones de automóviles que no tiene documentos de importación en regla.

Dijo que la asociación civil Anapromex ya tiene ese censo, por lo que solicitaron que el gobierno estatal y federal convoquen a mesas de trabajo con todas las agrupaciones que tienen registros de automóviles “chocolate”.

Con un posicionamiento formal, solicitaron al gobernador de Baja California que los reciba para poder hacer efectiva la regularización de los automóviles con un pago de impuestos justos.

Aclaró que aunque están pidiendo mesas de diálogo con la autoridad para presentarles el registro de automóviles, no entregarán ese padrón pues consideran podría ser utilizado en perjuicio de sus agremiados.

La agrupación tiene copia de credencial de elector y de la licencia de conducir de cada propietario de automóvil que se han acercado a ellos.

Es el gobierno federal y no el estatal quien debe dar una solución definitiva, aseveró la coordinadora del Anapromex.

Ese censo pretendido por el gobierno estatal, “no nos perjudica a nosotros como organización, perjudicaría a las familias”, porque se convierte en un arma de dos filos ya que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), para poder decomisar un vehículo requiere la información del propietario y ese carro, expuso.

“Si se le entrega toda esa información al gobierno, el gobierno estaría obligado a compartirla con una dependencia federal, por lo tanto la ciudadanía queda desprotegida; existe la desconfianza, no podemos confiar en otorgar nuestra información al gobierno si entre ellos pueden compartir esa información y pudiéramos resultar afectados”, refirió la integrante de Anapromex.