Chihuahua | 17 de Agosto de 2018

Su jornada es de 12 horas y no tienen contratos ni prestaciones, señala comité defensor de naturalizados y afromexicanos. Foto Cristina Gómez Lima / archivo

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Emir Olivares Alonso / La Jornada
Ciudad de México, 17 de agosto.- En Chihuahua se han dado las condiciones para que alrededor de 50 personas de origen haitiano padezcan condiciones de explotación laboral. Con la promesa de empleos en los que recibirían salarios de 6 mil pesos mensuales, un grupo de migrantes caribeños en condición irregular, que se había asentado en Tijuana desde hace meses, en su intento por entrar a Estados Unidos, se trasladó a Chihuahua para trabajar en una compañía fabricante de rines para autos.

Sin embargo, las condiciones prometidas resultaron muy distintas a las verdaderas, pues su jornada laboral es de 12 horas en lugar de las ocho marcadas en la ley, y fueron empleados sin contratos ni prestaciones, ya que se trata de trabajos informales, denunció en conferencia de prensa el Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos, que lamentó que el gobierno "dé la espalda" a esta comunidad, muchos a punto de ser deportados.

Wilner Metelus, presidente del comité, indicó que los haitianos que aceptaron estos empleos lo hicieron debido a que en Tijuana no hallan trabajo por la falta de documentación oficial. Esto aun cuando desde mayo de 2016 miles de ellos comenzaron a llegar a Baja California, con el permiso del Instituto Nacional de Migración, en su intento por cruzar a Estados Unidos.

Sin embargo, cuando ese país les cerró la frontera, 4 mil 500 quedaron varados en el estado norteño; de ellos 4 mil tienen visa humanitaria y 500 "están en peligro de ser deportados".

Metelus enfatizó que esta población "no son delincuentes, sino seres humanos que han sido desplazados de su país por la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades". Por ello llamó a los gobiernos federal y de Chihuahua a resolver el problema de los haitianos explotados, así como dar certeza jurídica a toda esa comunidad en el país a fin de que se les otorguen los documentos necesarios para que puedan emplearse conforme a derecho, acceder a servicios bancarios, de salud y de otra índole.